La actuación del Gobierno central ha vuelto a ser de nuevo pasto de la polémica, esta vez en una materia que va a tener una importancia crítica en los próximos meses y que será determinante en el futuro de nuestro país, la gestión energética. Con Rusia deseando cortarle el gas a Europa entera, todos sabemos lo que puede ocurrir en Invierno con el suministro energético y el precio que pueden alcanzar los recibos domésticos, el impacto que eso va a tener en nuestra economía y las consecuencias que puede acarrear. Y lo sabemos porque desde hace un año vivimos con la inflación por las nubes por culpa del precio de la energía, que ha contaminado toda la cadena económica y que ha confirmado lo que siempre hemos sabido: que es voluble y sensible hasta el extremo a las incertidumbres. Con este panorama, el ahorro energético no es sólo algo práctico y recomendable, sino totalmente imprescindible que no se puede tratar con ligereza.

Vaya por delante que aquilatar nuestra factura energética nunca ha sido más necesario que ahora. Es un asunto estratégico, en el que está en juego un suministro básico no sólo para nuestros hogares, sino para nuestras industrias y negocios, para la estabilidad económica y para la supervivencia de nuestro planeta. Hay que buscar un equilibrio que empieza por ser conscientes de lo que supone y lo que cuesta cada megavatio que consumimos o cada depósito que llenamos, pero que no termina ahí: tenemos que seguir dando pasos para apostar por energías más responsables com el medio ambiente. No es cuestión de un día, se trata de un proceso, un camino que tiene que ver más con la concienciación que con las imposiciones, y ahí ha fallado estrepitosamente el Gobierno.

Las últimas medidas, que terminan de entrar en vigor esta misma semana, son la prueba más evidente de que se ha elegido la fórmula equivocada, una mezcla de improvisación y falta de diálogo que remite a los tiempos de la fallida cogobernanza de la pandemia, cuando todo eran anuncios y rectificaciones, una especie de festival del 'prueba-error' que se ha repetido con el decreto de ahorro energético. De entrada, el documento, de 80 páginas, menciona de forma muy sucinta las medidas de la polémica, concentrada la parte dispositiva en unas pocas líneas. El ministerio ha tenido que correr para explicarlas, prueba irrefutable de un mal diseño normativo. A las pocas horas de conocerse empezaron los anuncios, seguidos de rectificaciones, hasta componer un largo listado de excepciones que ha minado la credibilidad de la norma que carga desde el primer momento con la rémora de una comunicación errónea.

La obligación afecta, en resumen, a determinados edificios (sedes públicas, comercios y hostelería fundamentalmente) que están obligados a apagar todas las luces a las 10 de la noche y a subir dos grados el aire acondicionado (de los 19 grados de calefacción hablaremos en invierno). Las medidas se parecen a las que hace bastante pusieron en marcha otros países, ya que no datan sólo de esta reciente crisis energética. Y son acertadas si se aplican son sensatez, de hecho, muchos sectores han dado sus propios pasos en los últimos tiempos, ahora por una factura que sube cada día, pero antes por sensibilidad ambiental. Y ahí es donde más ha fallado el Gobierno.

"Concienciar no es imponer". Para este viaje la actitud tendría que haber sido más didáctica porque la solución al problema de la factura energética está más en adaptarse al nuevo escenario e interiorizar actitudes de eficiencia que en obligaciones más o menos contundentes. Es algo parecido a lo que hemos hecho con el reciclaje o con el consumo de agua, así que lo podemos volver a hacer. Para ello lo acertado hubiera sido recurrir al diálogo para ir 'todos a una' con este tema que es de vital importancia. Un diálogo a priori, no con el real-decreto en el BOE, no con reuniones que cambian de día y de ser técnicas a políticas, lo que refuerza la sensación de improvisación.

Sólo así se hubieran podido pactar unas medidas absolutamente imprescindibles, pero que necesitan margen para la aplicación porque no es lo mismo 27 grados en Huelva que en León. Una horquilla de grados por actividades o de horas para zonas turísticas hubiera sido una magnífica solución de compromiso. De paso, el ministerio podría haber aprovechado los esfuerzos que ya han hecho muchos ayuntamientos y comunidades y se habría ahorrado el bochorno de un nuevo sainete de 'renuncios'. También sobran los amagos de algunos que, de manera irresponsable, consideran que oponerse a unas medidas que son imprescindibles sirve para hacerle la Pascua al Gobierno: quien piense que este es terreno para la gresca política, se equivoca, por más que las formas hayan sido las equivocadas.

Estas medidas, necesarias sin duda, son más materia para una campaña de concienciación que para un real-decreto anunciado a bombo y platillo. Son más trabajo de largo recorrido que 'solución' mágica: es más que probable que la factura seguirá subiendo y sólo un país concienciado podrá perseverar en el esfuerzo, ahora para no ceder al chantaje de Putin, y más adelante para equilibrar nuestra relación con el planeta.