El Ayuntamiento de Alba de Tormes, liderado por el alcalde Jesús Blázquez, decidió contratar el pasado 1 de enero al arquitecto municipal Juan Carlos García Fraile. Ahora la polémica está servida porque el Partito Popular con Concepción Miguélez a la cabeza ha acusado a Blázquez y a la concejal Elena García de decidir esta contratación sin haber seguido el procedimiento legalmente establecido para la selección de personal temporal o fijo sujeto a los principios de igualdad, capacidad, mérito y publicida. De esta forma, Miguélez, considera que se ha podido cometer un delito de prevaricación, dados los informes negativos del secretario interventor. 

Por su parte el alcalde de la villa, Jesús Blázquez, ha asegurado que lo que ha intentado es evitar un coste para el Ayuntamiento de Alba de Tormes en el caso de que el trabajardor decidiera denunciar al consistorio. "Yo no sé si es un acto administrativo de prevaricación, pero el arquitecto lleva trabajando desde 2001, si no me falla la memoria, en el Ayuntamiento de Alba de Tormes y encadenando contratos. Había que regularidad su situación de alguna forma", ha afirmado el socialista.

Blázquez ha asegurado que si ha hecho actos de prevaricación, como dice la ex alcaldesa, ella también los ha hecho y durante mucho más tiempo "Lo que he intentado es evitar un coste de unos 30.000 mil euros para el municipio en concepto de gastos de Seguridad Social, si el trabajador llegase a producir alguna denuncia. He intentado evitar que el Ayuntamiento se vea otra vez en los tribunales, como ya ha ocurrido en otras ocasiones" ha asegurado el alcalde. "Concepción Miguélez también ha prevaricado en otras circunstancias y podría encontrar motivos para denunciarla por otras asuntos", ha afirmado el alcalde a TRIBUNAsalamanca.com . "Estoy preparado para hacer frente a todo por lo que se me acuse, porque todo lo he hecho para beneficiar al pueblo y evitar costes", ha termiando diciendo el primer edil de Alba de Tormes. 

El Partido Popular puso sobre la mesa la sentencia número 48/2014 del TSJ de Galicia y pidió anular el acto administrativo de hacer fijo laboral a Juan Carlos García Fraile. La ex-alcaldesa pidió la dimisión tanto de Jesús Blázquez como de la concejala Elena García. Miguélez ha asegurado que un contrato privado de la administración pública es distinto de un contrato sujeto a legislación laboral.