La Iglesia Católica ha entregado al Gobierno un informe en el que ha detectado errores, incorrecciones y duplicidades en la lista de 34.961 bienes inmatriculados por instituciones de la Iglesia católica entre 1998 y 2015, lista con la que ha mostrado discrepancias y que afecta a la lista de propiedades que según el ejecutivo la Iglesia puso a su nombre en la provincia, que es menor de lo que se dijo. Según el informe de la Iglesia, en la lista hay 55 bienes cuya titularidad se atribuye a la Iglesias y que no se ajustan a la realidad, para un total de 617. La discrepancia no afecta a grandes propiedades ni a ninguno de los grandes templos que se inmatricularon en ese período a nombre de la Iglesia.

Según el inform de la Iglesia, hay casos que no deberían aparecer en la lista de Salamanca. Se trata, por ejemplo, de duplicidades como las del cementerio e iglesia parroquial de Puebla de San Medel, que aparecen por separado 4 veces, cuando son dos bienes; y el cementerio de El Manzano, también duplicado como cementerio y solar.

También duda la Iglesia de bienes que se le atribuyen sin que existan datos suficientes para considerar que se inscribieron a su nombre. Es el caso de la parroquia de Cabrerizos, un terreno en Alconada, la casa parroquial de Aldeacipreste, siete fincas en Babilafuente, la casa rectoral de Bóveda del Río Almar, la parroquia de Cantaracillo, los cementerios de Cantalapiedra y Cantalpino, terrenos en Mancera, terrenos en Villares, terrenos, solar y finca en Villoria... que fueron inmatriculados antes o que fueron donaciones; o varias viviendas, residencia de ancianos o terrenos en Macotera registrados con anterioridad a la fecha de la ley.

En otro capítulo, la Iglesia niega haber puesto a su nombre bienes como la iglesia de San Pedro Apóstol en Anaya de Alba o el cementerio de Vitigudino. También cree que hay errores al adjudicarle la iglesia de Santiago Apóstol de Cipérez, ya que no hay templo con esa advocación (podría ser la parroquia); y una ermita en San Miguel de Valero que dicen no existe, o al menos no está inventariada y que podría corresponder con los restos de la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza (junto a estas líneas).

Y apunta que algunos bienes que figuran en la lista fueron vendidos y ya no son de su propiedad, como el cementerio de Molinillo, que cree que fue vendido o se inmatriculó antes de 1998. Y por último ha detectado varios bienes que fueron adquiridos durante el período de las inmatriculaciones, pero por otros títulos de propiedad y que no deberían estar en la lista.

El estudio se ha realizado a través de las consultas realizadas a las diócesis y verificando cada caso y se puede consultar aquí. El estudio inicial del Gobierno se hizo a partir de datos de los registros de la propiedad: la Iglesia española dice no tener constancia de ostentar la titularidad de unos 1.000 de los 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia católica que aparecen en el listado hecho público por el Gobierno.

Las inmatriculaciones

En febrero de 2021, el Gobierno hacía pública una lista con los bienes registrados a su nombre por la Iglesia católica durante el período que fue posible, entre 1998 y 2015 aprovechando una reforma en la Ley hipotecaria, en un proceso legal denominado inmatriculación. 

La modificación de la Ley Hipotecaria hizo posible que desde 1998 se pudieran inscribir los bienes eclesiásticos destinados al culto con la simple certificación expedida por el diocesano correspondiente y esta circunstancia, unida a que mantuviese el privilegio de la inscripción mediante certificación diocesana, supuso “una masiva inscripción en el Registro de la Propiedad de estos bienes a favor de la iglesia”, destacaron desde el Gobierno.

En la lista estaban, entre otras, las dos catedrales de Salamanca, la nueva y la vieja, y la catedral de Ciudad Rodrigo. Son tres de los 946 bienes que figuraban en la lista de inmatriculados en la provincia de Salamanca que fue difundida por el Gobierno hace casi un año y que recogen todos los que la Iglesia registró como de su propiedad en los años que fue posible hacerlo. Se pueden consultar en esta LISTA.

A partir de la publicación de este listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, puede reclamar alguno de estos bienes, ya sea por "vía administrativa", para que la Administración General del Estado abra la investigación correspondiente o por "la vía de los tribunales". Además, el Gobierno ha añadido que si la Iglesia Católica considera que hay algunas inmatriculaciones que pueden ser, o no contestadas y que de oficio las puede resolver, o va a defender sus derechos ante los tribunales frente a una parte hipotética que también ejerza el derecho, "esa será una decisión suya".