El Ejecutivo tramitará la ley del aborto por "vía de urgencia", lo que reducirá a la mitad los tiempos establecidos para que los órganos consultivos emitan los informes y dictámenes sobre el texto. Así lo ha puesto de manifiesto la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el anteproyecto en primera lectura.

Durante su intervención, ha hecho un repaso sobre las medidas que incluye esta norma, como el acceso al aborto a las menores a partir de 16 años sin permiso paterno, recuperando la medida de la ley aprobada en 2010 por el Gobierno del socialista Zapatero.

Sobre la salud menstrual, la titular de Igualdad ha destacado la importancia de poner en marcha la incapacidad temporal por reglas dolorosas e incapacitantes. "Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar", ha declarado. Tal y como ha explicado, se tratará de un "permiso especial" que "no requerirá días previos de cotización" y que "será asumido íntegramente por el Estado".

Del mismo modo, ha respondido a las críticas de quienes advierten de que esta medida pueda ser estigmatizante a la hora de conseguir un contrato por parte de las mujeres, señalando que lo que está estigmatizado es "hablar de la regla en la sociedad" y, especialmente "en los centros de trabajo" y ha denunciado que muchas mujeres viven esta situación "en soledad, en función del trabajo que realicen" o "hablándolo con las amigas más cercanas" y sin garantías para su salud menstrual en su centro de trabajo "porque no hay un baño habilitado para ello".

En cuanto al coste de esta medida en concreto, ha indicado que se ha calculado en unos 23,8 millones de euros, menos de la mitad que los 57 millones en los que se calcula la baja preparto (57 millones). En total, según ha indicado, esta ley supondrá un gasto de unos 104 millones de euros.

Gestión subrogada

En lo que se refiere a la gestación subrogada, la ministra ha explicado que en esta norma se reconoce esta práctica como violencia reproductiva y se incluye la persecución administrativa de las agencias que la promocionan ya que, según ha apuntado, es una práctica ilegal en España.

Preguntada por las diferencias entre el derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo en el aborto y en esta práctica, Montero ha señalado que la mujer no puede renunciar a este derecho "a través de un contrato".

Cortina de humo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha asegurado este martes que el aborto en menores de 16 y 17 años "debe contar con el consentimiento" de los padres y ha recalcado que si en España la legislación "prohíbe consumir alcohol a una menor de 18 años" es "razonable" pedir ese permiso paterno para la interrupción voluntaria del embarazo.

El presidente del PP ha afirmado que si menores no cuentan esa decisión a sus padres se produce "una ruptura de afectividad" en un momento "muy difícil", que es cuando una joven "debe tomar una decisión de esa categoría". "Por tanto, nuestra posición es una posición conocida y por eso hemos reformado la ley", ha aseverado, en alusión a la reforma legal que el Grupo Popular impulsó en 2015 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy obligando al consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años que quieran abortar.

Feijóo ha acusado una vez más al Gobierno de sacar el tema del aborto para no hablar de "los problemas" que hay en España y "distraer" hablando de "cosas distintas".  "El objetivo del Gobierno es que usted y yo estemos hablando de esto, no de la entrega de la cabeza de la directora del CNI o de que en España en este momento el independentismo es el que regula lo que se aprueba o no se aprueba en las Cortes, o que una vez más Bruselas ha dicho que no a la última previsión revisada del crecimiento económico del Gobierno central", ha enfatizado.