El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha garantizado que la Comunidad cumple la actual Ley de Aborto en su integridad y ha mantenido que esta será su postura si finalmente sale adelante la futura norma en la que trabaja el Gobierno, pese a defender, de forma personal, que no se excluya a los padres ante la decisión de una menor de interrumpir su embarazo.

Fernández Carriedo ha abordado este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que ha eludido pronunciarse sobre el 'tuit' publicado con el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en el que aseguraba que el Gobierno tendría enfrente a la Junta ante esta normativa.

No obstante, ha insistido en que la posición del ejecutivo regional es "clara" y ha detallado que pasa por defender que el Gobierno debería haber esperado al pronunciamiento de Tribunal Constitucional ante el recurso formulado sobre la normativa y su impresión de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pone sobre la mesa "materias sensibles" para "oculta" su "incapacidad" para solucionar "los problemas reales de la gente".

En primer lugar, ha afeado que el Ejecutivo central no haya puesto en conocimiento de las autonomías el texto de la norma, tras lo que ha insistido en que se "equivocan" al usar una "cuestión moral y ética" como 'cortina de humo' y para "desviar" otros debates políticos. "Entendemos que el que se haya acelerado en este momento este asunto tiene más que ver con evitar que la sociedad hable de lo que verdaderamente preocupa", ha insistido.

Asimismo, el consejero se ha pronunciado a título personal sobre la necesidad de que las menores de más de 16 años no necesiten autorización parental para abortar. "Sería bueno que se diera la oportunidad a los padres de acompañar a sus hijas en esos momentos complicados y es equivocado que se excluya a los padres de esa decisión", ha zanjado. De este modo ha reclamado "sosiego" ante la aprobación de la nueva Ley de Aborto y ha abogado por establecer vías para llegar a "acuerdos y consensos".

Fernández Carriedo ha insistido en que en Castilla y León se cumple la actual normativa sobre el aborto, tanto para garantizar el derecho de las mujeres que desean abortar como para asegurar la decisión de los profesionales de acogerse a la objeción de conciencia. En este sentido ha asegurado que las interrupciones voluntarias del embarazo se harán en centros de carácter público en el que haya un número de profesionales suficiente sin acogerse a la objeción de conciencia y, de no ser así, el derecho se garantiza a través de conciertos con clínicas privadas.

El consejero se ha referido a otras de las cuestiones incluida en la norma como es la baja por menstruaciones incapacitantes y ha abogado por esperar a conocer en qué se traduce porque, como ha aclarado, actualmente "cualquier mujer con estos problemas podía acogerse a una baja sanitaria dentro de la normativa laboral".

En cuanto a si existe discrepancias en torno a este asunto entre los dos partidos que sustentan el Gobierno, Fernández Carriedo ha asegurado que cada partido se manifestará en el debate parlamentario de la norma. "El Gobierno de Castilla y León está a favor de preocuparse por los problemas de la gente", ha concluido.