La empresa australiana Berkeley anunció en 2008 su desembarco en España con la pretensión de extraer mineral de uranio para abastecer las centrales nucleares europeas. La comarca, de verdes campos y dehesas, resultaba contener en sus profundidades algunas trazas del codiciado material radiactivo.

La sociedad multinacional empezó a solicitar permisos a la autoridades competentes, regionales y estatales; pues todavía, en el reino de España, se encontraban vigentes ciertas leyes antiguas, en las cuales la decisión de explotar yacimientos minerales correspondía a las altas instancias y las poblaciones locales, las más afectadas, apenas tenían capacidad de intervenir en la tramitación de las solicitudes.

La empresa logró persuadir a los gobiernos del PP de las bonanzas de su proyecto de extracción minera. Se dice que pagaron importantes sumas de dinero, destinadas a obtener el beneplácito de los pueblos de la comarca y del resto de autoridades. No obstante, a mitad de la tramitación, incluyeron una planta industrial de tratamiento del material radiactivo, y por ello fueron denunciados en los juzgados, pues algunos vecinos de la comarca entendieron, con cierta lógica, que no era lo mismo sacar el mineral del suelo que tratarlo industrialmente en su superficie. Y es que los permisos solicitados sólo hacían referencia a la extracción.

Mientras tanto, la polémica en la zona iba creciendo, entre los favorables al proyecto minero sin miedo ante las consecuencias para la salud y que veían oportunidades económicas a corto plazo; y los detractores, que pensaban en el desarrollo futuro de la comarca, los riesgos a la salud y la destrucción ambiental que conllevaba la apertura de la mina.

Trabajadores de la empresa manifestándose un viernes ante las puertas de la Diputación.

Como era difícil ponerse de acuerdo, alguien tuvo la brillante idea de realizar consultas populares entre los vecinos y vecinas, que zanjaran de algún modo la interminable discusión, guiando un poco los pasos de los representantes municipales. Ya se sabe, que cuando no nos ponemos de acuerdo sólo queda contar cabezas.

La idea de votar en principio caló bien, y el aspirante a la alcaldía que la propuso ganó las elecciones en el pequeño pueblo del campo charro, rompiendo muchos años de dominio del partido del gobierno. Nada más entrar al Ayuntamiento, el nuevo alcalde intentó cumplir su promesa electoral y convocó un referéndum para conocer la opinión del pueblo y poder guiar sus decisiones como máximo representante municipal, frente a un proyecto sobre el que él mismo no confiaba.

Sin embargo, las cosas se complicaron, y el coherente munícipe no había contado con los poderosos intereses económicos en juego y la existencia de otras leyes antiguas del reino, que obligaban a obtener el visto bueno del gobierno central para la realización de cualquier tipo de referéndum. El nuevo alcalde pidió el permiso correspondiente y el presidente del gobierno no autorizó la consulta, por entender que la decisión de abrir o no la mina le correspondía al conjunto del pueblo español, representada por él mismo y su consejo de ministros, reminiscencias de antiguos regímenes autoritarios, dicen algunos. De este modo, aunque la consulta no era vinculante, el gobierno prohibió la convocatoria del referéndum.

Por si no fuera suficiente, la empresa había puesto a su servicio a varios representantes municipales, ofreciéndoles empleo, lo que fue tensando aún más las relaciones entre los concejales y algunos vecinos. Finalmente, el alcalde acabó dimitiendo, reconociendo también la falta de lealtad y confianza de sus propios compañeros del partido, quienes empezaron a votar con los concejales trabajadores de la multinacional, en la oposición.

Y así se rompió la convivencia en el municipio, ante las titubeantes decisiones del nuevo ayuntamiento, en el que no se pudo conocer la opinión de los vecinos y vecinas, porque el gobierno central prohibió que se les consultara democráticamente, en beneficio de la multinacional extranjera.

Las experiencias previas no habían sido buenas para la empresa, en lo que se refiere a consultas democráticas. En un pueblo cercano, todos los concejales también acordaron poner un día las urnas habituales en el colegio electoral, pero sin pedir permiso al gobierno central, pues confiaban en el buen hacer del secretario, la supervisión y vigilancia de los concejales de los distintos partidos y del resto de vecinos/as, atentos a las votaciones y al recuento.

La consulta se produjo sin incidentes participando la misma gente que en las anteriores elecciones, y el 96% votaron contra el proyecto. Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas remojar, quizá pensó la empresa multinacional.