El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, confió este domingo en una "puerta abierta a una mínima sensatez" por parte del Gobierno central para la regulación del lobo y que extraiga a la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) "lo antes posible", porque está "absolutamente acorralado por la verdad, por la realidad y los datos", tras la decisión del Comité Permanente del Convenio de Berna de reducir su protección, lo que conllevará que la Comisión Europea, cuya vicepresidenta es Teresa Ribera, tenga que aplicar esa flexibilización de la protección jurídica del cánido.

En declaraciones a la Agencia Ical, Suárez-Quiñones, quien recientemente expuso en el Senado la situación actual del lobo ibérico, rechazó la "justificación cultural" de protección del animal que aporta el Ejecutivo central, y que "en ningún caso puede admitirse cuando está acabando con la ganadería semiextensiva, que está empezando a entrar en intensiva". "Decir que el lobo se protege por razones culturales es una aberración, mientras hay 5.500 ataques anuales a la ganadería", reprochó.

En este sentido, sostuvo que Portugal acaba de publicar los datos de su censo y ha decrecido la población del lobo un ocho por ciento, en un país donde siempre ha regido la protección estricta. "La prueba clara de que la protección estricta no garantiza la conservación del lobo está ahí, los datos de Portugal, donde baja. Y la prueba clara de que la protección estricta acaba con la ganadería está aquí, en Castilla y León", argumentó.

De hecho, recordó que al norte del Duero, cuando la gestión correspondía a la Junta, "se contabilizaba el 80 por ciento de los lobos y el 15 por ciento de los daños a la ganadería, mientras que en el sur del río, donde está el 20 por ciento de los lobos, se anota el 85 por ciento de los daños". "La decisión del Gobierno de no cambiar el decreto no se puede mantener", dijo.

En cuanto al pago de compensaciones patrimoniales por los daños ocasionados por el lobo, el consejero aseguró que en el primer semestre de 2024 ascendieron a 2,5 millones de euros, y estimó que la cifra llegará a los cuatro millones a cierre de año. "Cuando nosotros gestionábamos el lobo, podía suponer medio millón de euros de compensaciones en total", precisó.

En España, recordó que el censo ha constatado un aumento de manadas de 297 a 333, con una subida de un 12 por ciento, dato que en Castilla y León pasa de 179 a 193, con un 30 por ciento más en el sur del Duero, y entre un ocho y un diez más en el global de la Comunidad. Defendió estos datos de un análisis "muy riguroso" ante las críticas de las organizaciones ambientalistas, junto al elaborado con Galicia, Cantabria o La Rioja, por lo que, consideró, "no se descarta que haya más manadas de las determinadas, pero lo que no hay son menos".

Al respecto, manifestó que con este incremento de población "tan contundente existe una progresión clara en su población, afortunadamente por la adecuada gestión" que acometieron las comunidades autónomas "durante decenas de años" y que se les retiró por el Gobierno en 2021. "No hay ninguna justificación para mantener el régimen como está ahora mismo en el norte del Duero, que el Gobierno agravó con la orden de hace tres años y lo equiparó a la estricta protección, a pesar de que Europa permitía que la Junta gestionase la especie.

"Obligación constitucional"

"¿Si me preguntas si tiene alguna obligación el Gobierno de cambiar el decreto con la posición del Convenio de Berna? Pues te diré que obligación jurídica no, porque la UE establece unos mínimos de protección que los gobiernos pueden superar, pero tiene una obligación constitucional, porque la acción ejecutiva, según la Constitución, tiene que hacerse sin arbitrariedad, buscando los intereses generales y sin desviación de poder", respondió Suárez-Quiñones, quien apeló a "mantener una regulación, dejando a las comunidades autónomas sus competencias en base a criterios que no se sostienen cuando los datos están ahí".

A su juicio, el Ejecutivo "va en sentido contrario" a Europa, a las organizaciones agrarias, a los colegios profesionales, ayuntamientos, comunidades autónomas, etc., porque "no hay ninguna justificación objetiva". En todo caso, el consejero observa un punto optimista causado por la presión social, dado que en el Senado, el PSOE "señaló que si los datos son los que son, pues podrían estudiarse cambios", con lo deja "una puerta abierta a que una mínima sensatez entre en ese Gobierno".

Vigilantes al informe sexenal

Suárez-Quiñones explicó a Ical, igualmente, que el Gobierno tiene la obligación de emitir a Europa en 2025 un informe sexenal, en los primeros meses, sobre el estado de conservación de las 400 especies de la Directiva Hábitat, entre ellas el lobo, con datos que "se nutren de los censos que los ejecutivos autonómicos les dan, claramente de una especie en expansión territorial y de incremento de población".

"El informe no puede ir en otra dirección. El anterior, de 2019, estaba falseado y el Gobierno trasladó a Europa que el lobo estaba en conservación desfavorable, algo que no era cierto; y ahora se demuestra con esta evolución hacia arriba", sostuvo el consejero, quien avanzó que estarán vigilantes a ese análisis. Además, el Ejecutivo debe elaborar otro informe decenal para cumplir con la estrategia de conservación nacional del lobo,

Ataques a la ganadería

En Castilla y León, en 2023, el lobo mató a 5.580 cabezas de ganado; y en el primer semestre de 2024, asciende a 2.400, con lo que son "datos similares". "Se dice pronto la zozobra que implica esto, porque el problema no es que a estos ganaderos se les compense por su daño, sino que estos ataques afectan al medio rural, al daño psicológico a los ganaderos, que tienen vacas parideras que están a punto de dar a luz y que se levantan pensando que habrá parido la vaca y estará comido el ternero y la vaca también. Ese daño psicológico no se puede pagar", aseveró.

El consejero defendió las indemnizaciones, a pesar de que las administraciones, según la Ley Nacional de Patrimonio Natural, "no tienen responsabilidad patrimonial por los daños de la fauna silvestre, que forman parte de la naturaleza". Aún así, las compensaciones "han mejorado de una forma importante, porque es el valor del animal, el lucro cesante y otros perjuicios". "Pero los ganaderos no quieren esas compensaciones, lo que quieren es su ganado. Eso está produciendo abandonos en la ganadería extensiva, con consecuencias negativas para los incendios, descontrol en el campo, abandono del medio rural, riesgo de despoblación…", señaló.

Suárez-Quiñones aprovechó para criticar también que cuando el Gobierno aprobó el decreto de 2021 se comprometió a ayudar con 20 millones de euros anuales a los ganaderos mediante la adopción de medidas preventivas, pero consideró que "la solución no es hacer un redil y meterlos en un establo, eso es otra cosa". Además, acusó al Miteco de abonar ese dinero "solo el primer año y no lo ha vuelto a hacer". "Es decir, compromete una financiación que no la quieren los ganaderos, que quieren sus animales, pero es que además no la paga. Es el colmo del comportamiento aberrante de este Gobierno, que es inexplicable", reprochó el consejero, quien sentenció que esta polémica "no es una elección entre el lobo o la ganadería". "Nosotros teníamos una gestión de equilibrio", reflexionó.