La Junta de Castilla y León ha aprobado este lunes la modificación del Proyecto Regional para la instalación de una planta de bioetanol en el municipio salmantino de Babilafuente, promovida por la empresa Biocarburantes de Castilla y León S.A., perteneciente al grupo Vertex Bionenergy S.L., y que pretende ampliar sus instalaciones para producir también biometano y fertilizantes.

Con la publicación de la orden de aprobación en el Boletín Oficial de Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio da un plazo de dos meses para que, quien lo considere oportuno, pueda plantear un recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Fue en 2002 cuando la Junta aprobó inicialmente el Proyecto Regional para la instalación de una planta de Bioetanol en el término municipal de Babilafuente, dedicado a la producción a base de biomasa y cereal y con destino a su mezcla, como aditivo, con gasolina, además de la generación de energía eléctrica a partir de los residuos del proceso productivo anterior.

Tras más de dos décadas de la aprobación inicial de este Proyecto Regional, la empresa entiende que ha alcanzado el objetivo principal planteado por el instrumento administrativo, como era el de la implantación de la referida planta de producción de bioetanol, actividad industrial que se mantiene, incluso ampliada a la producción de otros derivados agrícolas como el aceite de maíz.

En la actualidad la citada empresa propietaria tiene prevista una ampliación de la actividad de la planta de bioetanol, para lo cual resulta necesaria la incorporación al complejo de nuevos terrenos que, por cuestiones funcionales, deben disponer de fácil acceso al ramal ferroviario que sirve a la actual factoría y posibilidad de conexión con la planta existente, algo que no resulta posible en los terrenos localizados dentro del ámbito estricto del Proyecto Regional aprobado, ha detallado la Junta en su orden.

Resulta por ello necesario habilitar la implantación de las actividades previstas, una planta de biometanol y fertilizantes, en suelos próximos actualmente clasificados como rústicos, para lo que necesita una modificación de sus condiciones urbanísticas y de los mecanismos de ordenación y gestión.

A su vez, para el funcionamiento articulado del complejo productivo existente, es preciso abordar puntuales modificaciones en la ordenación vigente establecida por el Proyecto Regional, garantizando la continuidad de la red viaria de ambos subámbitos.

La tramitación del expediente

La empresa inició en diciembre de 2023 el trámite administrativo para poder modificar el Proyecto Regional, con la intención de contar con otra planta para la producción de biometano.

Una vez examinada la documentación presentada se observaron carencias documentales, por lo que la Junta requirió al promotor que, para poder iniciar el procedimiento establecido para su aprobación, se procediese a completar la documentación.

Con fecha 25 de enero de 2024 la empresa presentó ante la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo la modificación del Proyecto Regional con las carencias subsanadas e incluyendo el requerido estudio de impacto ambiental.

Para dar luz verde a esta modificación del Proyecto Regional es preceptiva la evaluación de impacto ambiental, por lo que la documentación fue remitida al Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería, que emitió un informe de suficiencia en febrero de 2024, aunque pidiendo que la documentación fuera complementada en determinados aspectos como la cuantificación y valoración de los efectos significativos previsibles, para cada alternativa examinada.

Ante esta petición, la documentación fue enviada de nuevo a la empresa, que la modificó y devolvió a la Consejería en marzo de 2024, con las subsanaciones ya incluidas, lo que permitió continuar el trámite.

Posteriormente, en julio de 2024, la Consejería sometió el proyecto a información pública y realizó consultas específicas a las administraciones públicas y personas interesadas reflejadas en el informe de la empresa, junto con solicitudes de informe al Ayuntamiento de Babilafuente, junto a los departamentos afectados de la propia Consejería.

En este procedimiento la Junta recibió once alegaciones, a las que dio respuesta individualizada por parte de la empresa promotora, y un informe desfavorable emitido por la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, que solicita la inclusión en la documentación escrita de una referencia expresa a las redes públicas de comunicaciones electrónicas, de sencilla subsanación.

Una vez modificado el documento sobre la base de los informes, alegaciones y sugerencias y, visto que los cambios no suponen una alteración sustancial del documento inicialmente presentado, la Consejería emitió un informe favorable en su sesión celebrada el pasado 5 de marzo de 2025, como trámite previo a la publicación de la orden de aprobación de la modificación.

FUENTE: EFE