La Audiencia Provincial de Salamanca condenó a 13 meses de prisión al titular de una empresa de montajes, reparaciones y servicios por un delito consumado de estafa tras cobrar más de 20.000 euros de un particular para la instalación de una casa prefabricada en un terreno ubicado en el término municipal de Sando y, posteriormente, no llegar a realizar los trabajos. Además, deberá indemnizar al perjudicado por daños y perjuicios, en una cantidad superior a 25.600 euros para compensar también otros gastos derivados del proyecto.

Según recoge la sentencia, consultada por Ical, los hechos se remontan a 2019, cuando la empresa del condenado, dedicada entre otras cosas a la construcción e instalación de viviendas modulares móviles unifamiliares prefabricadas, emitió un presupuesto por un importe superior a 20.000 euros para formalizar un contrato de ejecución de obra con un particular, a través de un promotor, por el cual debía fabricar y levantar una vivienda en una parcela del citado municipio.

Ya días antes de recibir por correo electrónico el contrato, lo que ocurrió el 23 de mayo de ese año, el cliente había transferido a una cuenta bancaria del constructor, como parte de lo presupuestado, la suma de 7.000 euros. El mismo día 23, antes señalado, le transfirió a la misma cuenta otros 6.000 euros más, llegando, finalmente, el 15 de junio a entregarle en mano otros 7.300 euros más, en la localidad de Moralzarzal (Madrid). En total, le abonó la suma de 20.300 euros.

La obra debía ejecutarse en un plazo de pocos meses, sin embargo, a pesar de haberse iniciado algunos pequeños trabajos, como la cimentación y las acometidas de agua y desagüe en la parcela, la instalación no se inició y la obra quedó abandonada, en principio por la pandemia, pero nunca fue retomada para alcanzar su finalización, ni tampoco se devolvió cantidad alguna al promotor.

En realidad, la sala considera que el ahora condenado, aparentando en mayo de 2019 querer cumplir lo acordado, a pesar de realizar algún trabajo mínimo en la parcela, como la colocación de una fila de ladrillos en la cimentación, nunca tuvo intención de llevar a cabo debidamente los trabajos de instalación y suscribió aquel contrato con el propósito de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial.