La asignatura pendiente de incompatibilidades y salarios en las Cortes

Las Cortes de Castilla y León son la única asamblea legislativa de España en la que sus procuradores no tienen regulado el derecho a un salario por su labor, ni tampoco existe un régimen de incompatibilidades. Son "dos asignaturas pendientes" desde su constitución en 1983, aunque ha habido distintos intentos de solucionarlo sin que hayan fraguado. De nuevo el asunto ha vuelto a la primera línea del debate político. El pasado mes de diciembre se acordó la creación de un grupo de trabajo, que ahora naufraga y en el que solo se mantiene Vox, aunque PP y PSOE no han comunicado oficialmente su salida. 

Todos, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), y los grupos parlamentarios son partidarios de trabajar en esta regulación y dar solución a un problema de siempre, pero existen matices. PP y la oposición, excepto Vox, plantean que se trate en la Comisión de Reglamento, y el segundo mantiene el grupo de trabajo. 

Así las posturas, el debate se puede quedar en el procedimiento y no llegar a un acuerdo cuando ya se está en la recta final de la legislatura, pues restan este periodo de sesiones, que finaliza el 30 de junio, y el siguiente de septiembre a diciembre, en caso de que no se adelanten las elecciones por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. 

Pero cuál es la vía para los expertos. La regulación de ambas materias tiene que ir unida pues no hay incompatibilidades sin dedicación exclusiva. De hecho en el grupo de trabajo, ahora cuestionado, Pollán planteó reformar el artículo 31.1 del Reglamento para la incompatibilidad de quienes tienen dedicaciones exclusivas. En este momento son 25 procuradores de los 81 del hemiciclo. 

Abrir las asignaciones económicas con cargo al Presupuesto de las Cortes a todos los procuradores y regular las incompatibilidades por su dedicación exclusiva requiere de la revisión del Reglamento y de la ley Electoral de Castilla y León, donde, en opinión de expertos consultados por Ical, se debe recoger para que no dependa de la voluntad de la mayoría la asignación de las llamadas liberaciones. 

El Reglamento de las Cortes solo establece dedicación exclusiva para el presidente, si bien al inicio de cada legislatura se fijan unas liberaciones que incluyen a los miembros de la Mesa y direcciones de los grupos. En este mandado, se acordaron 19, en concreto siete del PP, seis del PSOE, tres a Vox, dos a UPL-Soria-Ya y una al Mixto, más las seis de los miembros de la Mesa. 

El resto de procuradores, como recoge la misma norma, perciben asignaciones económicas por la asistencia a pleno o comisión (220 euros por sesión) y por kilometraje. Pero la expulsión de Vox de dos de sus procuradores (Ana Rosa Hernando y Javier Teira) destapó que el grupo paga a sus parlamentarios por su trabajo 2.025 euros al mes, confirmado por su portavoz, David Hierro, en lo que califica de "ejercicio de transparencia". También, el Grupo Popular admitió, después, que paga un fijo mensual que no supera los 1.000 euros a sus parlamentarios no liberados. En el Grupo Socialista, la cuantía está en 710 euros a un parlamentario raso y 891 a presidentes de comisiones, según se ha hecho público. 

La Mesa de las Cortes, en función de las necesidades parlamentarias, determinará el grado de dedicación de sus miembros fijando su régimen de retribuciones e incompatibilidad, señala el artículo 31.1 del Reglamento. En el mismo texto de las Cortes de Castilla-La Mancha, por ejemplo, se recoge el derecho a percibir un salario de la Cámara. Igualmente, regula que la percepción de la retribución por dedicación exclusiva será incompatible con otras derivadas de cualquier tipo de actividad laboral o profesional pública o privada.

La ley Electoral de Castilla y León cita las causas de inelegibilidad que son también de incompatibilidad, pero no refiere nada de prohibición de hacer dos cosas, y es lo que se debe regular, como tiene el Congreso, que prohíbe actividad pública y privada, según las mismas fuentes, para evitar casos como el de Raúl de la Hoz, que al llegar al Parlamento Europeo se conoció que ingresó 40.000 euros por su trabajo como abogado junto al salario de las Cortes. 

Se puede regular en esta legislatura ambos asuntos y que entre en vigor en la próxima, explica un experto, que pone como ejemplo Estados Unidos donde se ha metido en la Constitución pero entrará en vigor en la siguiente. Ya en las reformas del Reglamento (2005) y del Estatuto (2007) los letrados de las Cortes trataron de incluir el derecho a un salario, pero no se asumió por la parte política. 

Sistema perverso y poco funcionan

Los expertos partidarios de que los procuradores perciban un salario por su trabajo en las Cortes consideran que el actual sistema mixto (uno de cada tres liberados y el resto con dietas por asistencia) es "poco funcional y perverso", además de que beneficia a la mayoría que tiene en su mano el reparto de las dedicaciones exclusivas. 

El salario por el trabajo desarrollado garantiza independencia frente a la mayoría y al propio grupo del procurador, sin estar sujeto al número de comisiones que se le asigna para tener una dieta, que, a veces, depende de su relación con la dirección de su partido, como argumentan quienes apuestan "por un diputado un sueldo". Saldrán adelante esta vez los cambios que todos parecen defender, aunque con algunos matices en el caso del Grupo Popular. Habrá que esperar para ver sí hay un acuerdo en el camino a seguir, en este momento en punto muerto.