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La 'producción' legislativa de las Cortes de Castilla y León se ha resentido desde que la fragmentación y la pérdida de la mayoría absoluta del PP llegó a este parlamento en 2015, pero esta merma en el número de leyes aprobadas a propuesta del Gobierno ha tenido un mayor reflejo desde 2019, con un especial 'frenazo' en la presente legislatura que contrasta con el 'acelerón' de las proposiciones de ley, consecuencia de esa misma incertidumbre parlamentaria.
En lo que va de legislatura, el Parlamento autonómico ha aprobado trece leyes y seis decretos ley, lo que suma 19 normas, en una tendencia similar a la anterior legislatura -nueve leyes y 14 decretos (23) marcados por la pandemia de covid-, pero que evidencian las diferencias respecto a la última legislatura de Juan Vicente Herrera en la Presidencia de la Junta (2015-2019), ya sin mayoría absoluta pero rozándola, lo que le sirvió para conseguir aprobar en las Cortes 35 leyes y 9 decretos ley (44 normas en total).
Paradójicamente, la mayor parte de las leyes aprobadas en la presente legislatura se aprobó en el año 2024, en el semestre en el que aún PP y Vox estaban coaligados en el Gobierno: Atención a Personas con Discapacidad; Modificación de la Ley del Juego; Residencias; Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas; Presupuestos; Sanidad Animal; Patrimonio Cultural; y Garantía de Servicios Esenciales.
Parece que este 'contador legislativo' no se va a mover mucho más en lo que resta de legislatura si se toma como referencia la previsión de la propia Junta de Castilla y León al presentar la pasada semana su último proyecto de ley, el de reforma de la Ley contra la Violencia de Género, que espera aprobar a finales del presente año en las Cortes, lo que deja en evidencia que otras iniciativas legislativas pendientes tendrán difícil su tramitación a tiempo, dada la cercanía del final de legislatura.
De hecho, en la tramitación de ese proyecto de ley se va a dar la circunstancia de que la tendencia existente en la actualidad de registrar numerosas proposiciones de ley por parte de los grupos parlamentarios tendrá su reflejo en el hecho de que las Cortes tendrán en tramitación tanto el proyecto de ley presentado por la Junta como la proposición de ley de reforma de la Ley contra la Violencia de Género que ha registrado el grupo socialista.
La ruptura del Gobierno autonómico de coalición por parte de PP y Vox en julio del pasado 2024 y la consiguiente pérdida de la mayoría parlamentaria y el gobierno en minoría de los populares ha deparado que la oposición pueda plantearse llegar a acuerdos que le permitan sacar adelante modificaciones legislativas sin el concurso del partido del gobierno, el PP.
Este hecho ha conllevado que en los últimos meses hayan proliferado iniciativas, tanto legislativas como no legislativas, que tratan de evidenciar la minoría parlamentaria en que se encuentra el PP, con un grupo parlamentario de Vox que incluso ha votado a favor de iniciativas que reclaman modificaciones de calado en normas aprobadas cuando aún estaba en el Gobierno, como la que regula las residencias, y también otra como la Ley de Publicidad Institucional.
Todo ello después del choque que vivieron los exsocios de gobierno al tramitar la proposición de ley de Concordia que habían registrado conjuntamente y que finalmente el PP no respaldó, lo que generó un monumental enfado en Vox.
Esta situación ha conllevado que varias proposiciones de ley que habían registrado conjuntamente ambos socios estén varadas en la tramitación, como las referidas al ruido o la modificación del Servicio Público de Empleo, esta última promovida por el entonces consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones.
Desde el inicio de la legislatura, cuando el exvicepresidente de la Junta y entonces procurador de Cs, Francisco Igea, registró la primera proposición de ley de la misma, sobre derechos y garantías de las personas al final de su vida -que ha vivido una tortuosa tramitación para ser finalmente rechazada pese a haber sido su contenido respaldado en la anterior legislatura por el PP-, las Cortes han servido para canalizar especialmente las pretensiones de los grupos de la oposición.
Esta dinámica se ha visto acelerada por la coyuntura parlamentaria y han tenido cabida iniciativas como estas, por este orden:
1.- Derechos y garantías al final de la vida (Mixto -Francisco Igea-). Rechazada.
2.- Designación de senadores (PP y Vox). Aprobada.
3.- Acceso a la información pública (Mixto -Igea-). Rechazada.
4.- Medidas tributarias (PP y Vox). Aprobada para enmendar el error en la votación del proyecto de ley.
5.- Bonificación de las tasas veterinarias (PP y Vox). Aprobada.
6.- Garantía de prestación de servicios esenciales (PP). Aprobada.
7.- Modificación del Servicio Público de Empleo (PP y Vox). Aún en tramitación.
8.- Modificación del Estatuto del Alto Cargo (Mixto -Igea-). Rechazada.
9.- Concordia (PP y Vox). Rechazada.
10.- Sanidad animal (PP y Vox). Aprobada.
11.- Ruido (PP y Vox). Aún en tramitación.
12.- Publicidad institucional (Mixto -Pablo Fernández UP-). Aún en tramitación.
13.- Provisión de personal sanitario en puestos de difícil cobertura (PP y Vox). Aún en tramitación.
14.- Agentes medioambientales (PSOE). Rechazada.
15.- De bomberos y bomberas (PSOE). Rechazada.
16.- Derechos y garantías al final de la vida (reeditada por el PSOE). Pendiente de su toma en consideración.
17.- Medidas contra la despoblación (UPL-Soria Ya). Pendiente.
18.- Reforma del diálogo social (Vox). Pendiente.
19.- Contra la violencia de género (PSOE). Pendiente.
20.- Derecho a la vivienda (PSOE). Pendiente.
21.- Igualdad de las personas LGTBI+ (PSOE). Pendiente.
Esa pérdida de la mayoría parlamentaria ha incidido especialmente en las dificultades para conseguir sacar adelante las leyes de presupuestos, como ocurre este 2025, al no lograr el PP los apoyos necesarios para contar con unas nuevas cuentas y tener que prorrogar las de 2024.
Haya o no un adelanto electoral al presente 2025, precisamente la ausencia de acuerdos hace prever que tampoco en lo que resta de año darán los números para aprobar unos nuevos presupuestos, sean para este mismo ejercicio o ya pensando en 2026, cuando sí o sí habrá elecciones y, tras su celebración, habrá que comprobar si el resultado permite al Gobierno que se constituya presentar unas nuevas cuentas para lo que reste de ejercicio.
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