El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha consultado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil si es posible recuperar el contenido de las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieran haber existido en dos números de móvil vinculados al fiscal general del Estado, recoge EFE.

En ese mismo auto, el instructor de la causa contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, solicita a dos operadoras telefónicas que faciliten los datos del tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten, y los paquetes de datos emitidos y recibidos.

También pide la identificación del receptor y el emisor de los mismos números de teléfono, todo ello entre el 8 de marzo de 2024 y el 14 de marzo del mismo año, ambos días incluidos.

Teniendo en cuenta que ni el IMEI ni el IMSI (números identificadores de los móviles) de sendos terminales, dice el auto, aportan la identidad sobre el usuario de los dispositivos, y que tal identidad puede ser "de relevancia en orden al esclarecimiento de los hechos y partícipes en los mismos", el juez permite a la UCO dirigirse "directamente a los prestadores de servicios" para su averiguación.

En otro auto, el juez rechaza el recurso de reforma planteado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que es una de las acusaciones populares en la causa, contra la decisión del magistrado de acotar la investigación a las fechas que abarcan del 8 al 14 de marzo de 2024. "Lo que no quita -añade Hurtado- para que, en función de lo que vaya requiriendo la investigación, se pueda acordar otra cosa".

Cambio de móvil

Hurtado encarga ahora estas nuevas pesquisas a la UCO tras recibir hace unos días de este organismo un informe que certificaba que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cambió de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, una semana después de que el alto tribunal abriera una causa penal contra él y una semana antes de que procediera al registro de su despacho y a la intervención de sus dispositivos electrónicos.

En ese informe los agentes analizaron los dos números de teléfono y los IMSI/IMEI (identificadores) asociados de las tarjetas del dispositivo telefónico intervenido a García Ortiz.

Al respecto, descubrió dos números de teléfono, uno del que recibe mensajes de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en la causa, y otro a nombre de un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

De este modo, la UCO concluyó que "el inicio de actividad de los IMSIs aparejados a estos IMEIs es de fecha del 23 de octubre de 2024, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico ese día respecto a las tarjetas precitadas".

En otro informe, la Guardia Civil informó de que había hallado "0 mensajes" en el móvil del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo, periodo en el que se filtró presuntamente información de la investigación por fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Al respecto, la Fiscalía argumentó la ausencia de mensajes en que una instrucción de 2019 en materia de protección de datos y una guía básica de actuaciones en la Fiscalía aconseja a los miembros de la institución borrar periódicamente los dispositivos electrónicos por motivos de seguridad.

Ahora el juez se dirige a las dos operadoras de sendos móviles, Telefónica Movistar y Vodafone, para que faciliten los datos del tráfico de llamadas, así como los paquetes de datos intercambiados en las fechas investigadas y los números de IMEI a los que ambas líneas se han conectado. Además facilita en ambos casos a las operadoras los números de IMEI a los que sendas líneas se conectaron.

Una de ellas, la referida a la línea de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, en las fechas comprendidas entre el 10 de octubre de 2020 y el 23 de octubre de 2023 y la otra, titulada a nombre de García Ortiz, del 20 de febrero al 23 de octubre de 2024.