Según su denuncia, se trata de hechos delictivos de "suma gravedad" porque vulneran su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones
La normativa sobre comedores escolares en la que trabaja el Gobierno para atajar la obesidad infantil, un problema especialmente acuciante en menores de familias con rentas más bajas, prohibirá el consumo de bebidas azucaradas durante las comidas en los centros educativos, en las que sólo se servirá agua, publica EFE.
El real decreto, que ya ultiman varios Ministerios, fijará estas medidas y garantizará el consumo diario de frutas y verduras frescas para todos los niños, según ha señalado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la presentación del estudio Aladino 2023 sobre la Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad.
Un estudio del ya se hizo un avance el pasado mes de septiembre y cuyos datos completos se ofrecen ahora a partir de una muestra de 12.678 escolares de entre 6 y 9 años de 296 colegios de todas las comunidades autónomas.
Una de las principales conclusiones, que ya constató el avance del informe, es que el exceso de peso en los escolares de 6 a 9 años ha disminuido en un 4,5 % en los últimos cuatro años. Es la mayor caída registrada en la serie histórica, según Consumo, pero este problema continúa afectando a más de un tercio de los alumnos y las alumnas: un 36,1 % sigue teniendo un exceso de peso (20,2 % sobrepeso y 15,9 % obesidad).
Pero esta mejoría no se ha percibido en las familias con rentas más bajas, con indicadores relativamente constantes desde 2011.
La prevalencia del exceso de peso en menores de familias con ingresos inferiores a los 18.000 euros llega al 48 %, es decir prácticamente uno de cada dos, frente al 29 % que se registra en las que ingresan más de 30.000, 19 puntos de diferencia.
"Esto es inadmisible y es una realidad que exige acción por parte de los poderes públicos -ha comentado el ministro-. Todos los menores, independientemente de los recursos de los que disponga su familia, del barrio o del código postal en el que nazcan o en el que vivan, tienen el mismo derecho a una alimentación saludable y de calidad".
Los menores que pertenecen a familias de rentas más bajas tienen más problemas de exceso de peso porque consumen más bebidas azucaradas y menos frutas y verduras a diario. Y por eso, la futura norma pretende fijar las condiciones mínimas para asegurar que al menos cinco comidas a la semana respeten los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud, y que los escolares, especialmente aquellos de hogares con menores rentas, tienen acceso a esa alimentación.
La idea es garantizar que todos los comedores escolares, independientemente de su titularidad, ofrezcan carne y pescado de calidad y aumenten la cantidad de legumbres y cereales en sus menús. También, que se establezcan mecanismos para asegurar circuitos cortos de producción y alimentos de cercanía para acceder así a productos más sostenibles, de calidad y que fomenten las economías locales.
¿Y cómo se garantizará que se cumplen estos estándares?. "Estamos legislando, regulando la actividad, y todos los actores deberán respetar el contenido de esta regulación. En el caso de que haya incumplimientos existen los mecanismos, tanto de inspección, control y sanción para asegurarse de que así sea", ha respondido el ministro, y publica EFE.
La mayoría de las familias (el 70,4 %) cree que el comedor facilita que su hijo o hija tenga una alimentación saludable, pero sólo un tercio de las familias aprueba la comida que se sirve en los centros escolares, cuando es fundamental: el 49,5 % de los alumnos hacen su comida principal de forma habitual en el comedor, y el 54 % desayuna a diario en el centro.
Los ingresos en las familias condicionan la alimentación, pero también que los menores puedan adquirir determinados hábitos y acceder a actividades como el deporte.
Los que pertenecen a familias de menor renta hacen menos deporte en actividades extraescolares que quienes forman parte de otras con más renta (68,7 % frente a 88,6 %, una diferencia de 20 puntos).
Además, los que son de familias con menos 'posibles' se exponen más a las pantallas: ven dos o más horas de pantallas al día, casi el doble que en las de rentas superiores a 30.000 euros (41,4 % frente al 22,8 %, respectivamente), lo que hace que también se expongan a mas anuncios sobre alimentación no saludable.
Según su denuncia, se trata de hechos delictivos de "suma gravedad" porque vulneran su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones
Solo un tercio de las familias aprueba la comida que se sirve en los centros escolares, según los datos del estudio Aladino 2023
La formación socialista ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado
La Sala se remite a su jurisprudencia anterior y a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea