Trabajadores de Servicios Sociales alertan del "desmantelamiento" de los centros por "reducción de personal"

El Comité de Empresa de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en Salamanca alertó este miércoles sobre el "desmantelamiento" de los centros asistenciales de la provincia debido a la reducción de personal. De hecho, las protestas comenzaron ayer a las puertas de algunos de ellos y continuarán mañana jueves para denunciar el "trato despectivo" que, desde su punto de vista, la Gerencia ofrece a los trabajadores al no cumplir con la normativa laboral.

En un comunicado remitido hoy a Ical, el Comité de Empresa aludió a aspectos como la obligación de informar de forma adecuada sobre la reducción de plantilla, la necesidad de negociar los calendarios laborales o el derecho a la conciliación de la vida laboral y personal, que, según subrayó, la Junta de Castilla y León reconoce como obligatorio en su Plan de Igualdad. "La Gerencia tiene la intención de reducir al mínimo la prestación de los servicios sociales públicos a los que la ciudadanía tiene derecho", aseguró la representación de los trabajadores.

Según el Comité de Empresa, en la nueva Residencia de Mayores San Juan de Sahagún hay casi 70 camas vacías "debido a una mala gestión", a pesar de que las camas, añadieron, "son muy necesarias para las familias de Castilla y León que tienen personas mayores con grandes necesidades de cuidados profesionales y pocos recursos económicos". Los problemas de personal, consideran, también se deben a que "las ratios son insuficientes".

Desde su punto de vista, el Centro de Día integrado en la Residencia no cuenta con personal adecuado, lo que obliga a retirar trabajadores de la atención a los residentes para poder abrir la zona de estancia diurna, lo que "deteriora tanto las condiciones laborales como la calidad de la atención para todos los usuarios". Asimismo, la dotación de personal es "insuficiente" debido a las ratios, que se establecen en función del número total de usuarios, "pero no tienen en cuenta que el personal necesario debe estar presente en el centro y no sólo como parte de la plantilla total".

Denuncian también que el recorte de personal en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual es, "además de ilegal", una medida "destructiva", ya que "no se ha comunicado adecuadamente a la representación de los trabajadores". "Esta situación refleja un enfoque que prioriza la gestión económica por encima del bienestar de los usuarios y el personal, olvidando la dimensión social y humana que debe primar en los servicios públicos", denunciaron.

El Comité de Empresa considera que en la negociación de los calendarios laborales ha existido "mala fe" por parte de la Gerencia, que presenta propuestas a los representantes de los trabajadores "para luego imponer otras diferentes en los centros". Por último, el Comité de Empresa expresó que los Servicios Sociales públicos "deben garantizar la mejor atención posible a la ciudadanía, especialmente cuando se trata de personas vulnerables" y, por ello, exigieron a la Gerencia que rectifique esta situación, "priorizando la atención a los usuarios sobre criterios económicos y políticos".