El PSOE y Sumar han celebrado el acuerdo alcanzado con EH Bildu para redactar una nueva ley de seguridad ciudadana, la llamada 'ley mordaza', un texto que Junts negociará, el PNV apoyará y que para Podemos es "un retoque estético".

Con este acuerdo se desbloquea la reforma de la ley al presentar un nuevo texto que incluirá los cuatro aspectos que Bildu y ERC no lograron introducir en la anterior tramitación relacionados con las faltas de respeto a la autoridad; desobediencia y resistencia; devoluciones en caliente y, especialmente, el uso del material antidisturbios.

En contra de la iniciativa se ha mostrado el PP, que ha prometido revertir la normativa anunciada porque, según ha denunciado el portavoz popular Borja Sémper, "protege a los violentos, legitima a Bildu y deja indefensas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en nuestras calles y en nuestras fronteras".

Por su parte, fuentes del PSOE han recordado que su voluntad "ha sido y es derogar los aspectos más lesivos" de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en 2015, al ser medidas que "vulneran y recortan derechos y libertades democráticas de la ciudadanía", al tiempo que insisten en su disposición para seguir negociando con todos los grupos.

El diputado de Sumar Enrique Santiago ha celebrado también el acuerdo, que va en el camino de "recuperar las libertades públicas". "La ley iba a cumplir 10 años, era urgente desbloquear esta situación encallada desde la legislatura pasada", ha manifestado el diputado, quien ha llamado a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios para votar a favor de la reforma que Sumar quiere tramitar de forma exprés.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha subrayado que su formación "siempre" ha defendido la derogación de esta norma y ha avanzado que presentarán enmiendas al texto acordado, porque su partido "negocia, no hacen adhesiones".

Desde el Gobierno, el ministro de Cultura y miembro de Sumar, Ernest Urtasun, ha incidido en que el acuerdo era una "prioridad absoluta" para su formación y ha advertido de que lo que queda ahora es "no olvidarse" de otras medidas dentro del plan de regeneración del Ejecutivo entre las que está la modificación del Código Penal para los delitos de libertad de expresión.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha mostrado en una rueda de prensa su malestar por no haber formado parte de las negociaciones, pero ha subrayado que "lo importante es que salga adelante la reforma", por lo que firmarán la iniciativa.

Más crítico se ha mostrado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, quien ha calificado el acuerdo de "retoque estético".

Vox ha denunciado este jueves la "bajeza" del Gobierno de Pedro Sánchez por pactar la reforma de la nueva ley de seguridad ciudadana con los "verdugos del pueblo español" y no reclamar a Bildu el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos sin resolver de víctimas del terrorismo. "El brazo político de ETA debe estar en la cárcel, no en el Congreso", ha advertido la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán.

Reacciones policiales

Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han coincidido este jueves en rechazar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, pactada entre PSOE, Sumar y Bildu, al entender que "desprotege" a los agentes y merma el principio de autoridad. Las tres formaciones han llegado a un acuerdo para redactar una nueva ley de seguridad ciudadana, que acabará con el uso por las fuerzas de seguridad de las pelotas de goma; rebajará la penalización de la desobediencia y las faltas de respeto, que pasarán de ser infracción grave a leve, y terminará con las devoluciones en caliente en la frontera con Marruecos.

Ibón Domínguez, portavoz de Justicia Policial (JUPOL), ha mostrado su "absoluto rechazo y repulsa" a la modificación de la norma, que supone "la pérdida total del principio de autoridad" en los supuestos de desobediencia y faltas de respeto a los agentes.

En declaraciones a EFE, Domínguez considera un "despropósito" la prohibición de utilizar pelotas de goma, ya que éstas sólo se utilizan en "manifestaciones violentas", y ha advertido de un "incremento de lesiones" tanto de los manifestantes como de los policías porque "sólo se va a poder usar la defensa en el cuerpo a cuerpo".

Asimismo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha subrayado que lejos de reforzar el principio de autoridad, la modificación del texto contribuye a "favorecer las conductas contrarias a derecho despojando a los policías" de sus principales herramientas de trabajo.

Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) lamenta "la falta de apoyo y reconocimiento" y la "continua puesta en tela de juicio" de la labor policial.

Por otro lado, la de la Guardia Civil Jucil ha mostrado su "preocupación y rotundo rechazo" al pacto, que "pone en peligro la vida de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional al debilitar su capacidad de actuación frente a situaciones críticas".

"Lo que el Gobierno está haciendo es desproteger a quienes día a día arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos", dice al respecto Agustín Leal, secretario de Comunicación de Jucil.