Los diputados de PP por la provincia de Salamanca José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro realizaron un balance del curso político durante el primer año de legislatura de Pedro Sánchez. A cinco días de que se cumpla un año de las últimas elecciones generales, los populares tildaron al mandato de Sánchez como la "legislatura de la humillación y la indignidad" debido a las cesiones del presidente "ante el chantaje de los independentistas", en declaraciones publicadas por ICAL.

Así, Bermúdez de Castro marcó la diferencia entre "tener el poder" y "gobernar", acusando a Sánchez de ser una "persona sin escrúpulos" por romper los principios básicos de igualdad ante la ley la solidaridad de los españoles mediante la Ley de la Amnistía y la condonación de 15 millones de euros de la deuda de Cataluña. Con ello, el diputado advirtió que cuando se imponen las minorías a una mayoría social, "lo normal es democracia es convocar elecciones y pasar la palabra a los ciudadanos".

"Los independentistas lo dicen todos los días, la amnistía es el punto de partida para continuar el camino hacia la independencia y el paso siguiente será el referéndum de la autodeterminación", advirtió el diputado, señalando que es la "demostración lamentable de que, con Sánchez, España está siendo sometida a un chantaje permanente".

Durante su intervención, Bermúdez de Castro aprovechó para denunciar el "espejismo económico" que se está produciendo en el país, debido al "incremento de la tasa de paro, de pobreza, la subida de la cesta de la compra o la de la deuda pública alrededor de los 200 millones de euros al día". "Nuestras cuentas están totalmente desequilibradas, van a condicionar y lastrar el desarrollo económico futuro", incidió.

El diputado demandó también que el "futuro de España debe pasar por el cumplimiento de la ley y recuperar los valores con políticas al servicio de las personas". Por ello, situó a su partido como la alternativa para la provincia salmantina, denunciando que desde el Gobierno de Sánchez está siendo "renegada y ninguneada" retrasando proyectos como la ronda de Buenos Aires o el Centro de la Memoria, además del "maltrato continuo en el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias".

Plan de Acción por la Democracia

Por su parte, María Jesús Moro puso en valor el trabajo de la "prensa libre" señalando que desde el Partido Popular "no creemos en la censura ni en las amenazas" tras la comparecencia de ayer de Sánchez para informar de las líneas fundamentales del nuevo Plan de Acción por la Democracia. Una medida que calificó de "excusa y trampantojo para tapar la situación insostenible" y que no entrará en vigor, siguiendo la legislación del Parlamento Europeo, hasta agosto de 2025.

"Su entorno político y familiar ha aprovechado clara y directamente la Moncloa y la condición del presidente, y por eso solo la gravedad política y ética resulta relevante", matizó Moro. Así, añadió que supone una "amenaza a los medios y a la prensa libre, porque todo lo que ha aparecido y no ha desmentido con la legislación en vigor es una forma de decir que la culpa siempre la tiene otro, ya sean los jueces, los periodistas o la oposición". "No hay plan de regeneración, solamente es una manera de no rendir cuentas y no dar resultados", sentenció.

Ruptura de Vox con los gobiernos del PP

Respondiendo a los medios sobre cómo ha afectado al Congreso la ruptura de Vox con los gobiernos del PP, Bermúdez de Castro señaló que la decisión de Santiago Abascal fue "injustificable" y que puso "su interés partidista por encima del de la gente que vive en estas comunidades".

Con ello, afirmó que acoger a unos menores no acompañados que se encuentran en Canarias cuando la Comunidad Autónoma tiene los "centros saturados" es una muestra de "humanidad y solidaridad" con una región que forma parte de España. "Que un partido que siempre habla de patriotismo se niegue a esta medida se entiende mal y se explica peor", acusó. Aun con ello, advirtió que desde el PP "estamos siendo muy críticos" con las cifras previstas de llegada de inmigración ilegal a las costas españolas, por lo que pidió que "se declare la situación de emergencia nacional".