El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, mostró este lunes su descontento con el Gobierno por no explicar claramente a las comunidades "cuál es su posición" con respecto a la financiación autonómica. "Cabe el riesgo de que la financiación, que es una cuestión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se esté negociando fuera", señaló, a la vez que criticó, en declaraciones publicadas por Ical, que parece que "se esté negociando un modelo de financiación con unos partidos separatistas que luego se quiera imponer al resto de las comunidades autónomas".

Así, Carriedo recalcó que está produciendo una negociación con una parte de los partidos separatistas "sin que el Gobierno tenga la intención de dar información ni participación al conjunto de las comunidades, porque no se nos ha convocado a ninguna reunión específica para relanzar la financiación ni para informarnos sobre la posición del Ejecutivo central", incidiendo en que el deseo de Castilla y León es "participar en condiciones de igualdad del modelo de financiación".

Como ya había planteado a su entrada a la cita con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el consejero entiende que la financiación de la regiones se debe debatir "desde la igualdad" entre todos los territorios, y debe garantizar "la solidaridad y el coste en la prestación de los servicios públicos". Sin embargo, en su opinión, "parece que el Gobierno no quiere dar lugar a esta participación de todas las comunidades autónomas".

Cuestionado por la exigencia realizada por la consejera catalana de Economía y Hacienda en funciones, Natàlia Mas, que plantea una "financiación singular" en la que Cataluña gestione y recaude el cien por ciento de los impuestos que se pagan en su territorio, Fernández Carriedo reconoció que la propia dirigente catalana lo había manifestado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras el Ejecutivo central "daba la callada por respuesta".

Déficit

Por otro lado, recoge Ical, el motivo principal del Consejo de Política Fiscal y Financiera era la presentación por parte del Gobierno a las comunidades autónomas de la senda de déficit y deuda para los siguientes tres años, así como el reparto de las entregas a cuenta para 2025. A

sí, la ministra de Hacienda comunicó a las autonomías que podrán incurrir en un déficit máximo del 0,1 por ciento del PIB en 2025, lo que supone dos décimas de margen fiscal respecto a la anterior senda, que implicaba alcanzar un superávit del 0,1 por ciento de PIB.

Esta nueva hoja de ruta, que este martes se aprobará en Consejo de Ministros antes de pasar por el Parlamento, da mayor margen fiscal a las comunidades no solo en 2025, sino también en 2026 y 2027, años para los que también se fija un déficit del 0,1 por ciento del PIB.