Vivienda busca restringir los alquileres temporales como una medida para controlar el crecimiento de los pisos turísticos y su impacto en un mercado donde resulta cada vez más complicado asegurar el acceso a una vivienda digna y asequible.

La reforma prevé obligar a indicar en los contratos los motivos que llevan a las partes a optar por un alquiler temporal, pensado para estudiantes, profesionales trasladados temporalmente o personas que necesitan tratamientos médicos, por ejemplo.

Estos contratos tendrán que registrarse en una plataforma que el Ejecutivo pretende tener lista antes de 2025, donde se centralizarán las distintas modalidades de alquiler. En esa plataforma se tendrían que registrar los contratos temporales de corta duración, es decir, los de temporada, los turísticos, las habitaciones o incluso las embarcaciones flotantes.

La idea es que estos cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) puedan estar listos antes que la plataforma de registro único, una propuesta europea que Bruselas pretende implementar en 2026, aunque el Gobierno español quiere adelantarse a ese límite. Vivienda quiere dar toda la celeridad a este real decreto en las próximas semanas.

Según el portal inmobiliario Idealista, la oferta de alquileres de temporada se disparó un 56% en el primer trimestre del año hasta representar el 11 % del total.

Sin embargo, para la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) ese incremento se debe a la "inseguridad jurídica" provocada por la Ley de Vivienda.

Vecinos con derecho a veto

Además, el Ejecutivo pretende modificar otra normativa, la Ley de Propiedad Horizontal -la que regula las comunidades de propietarios-, para que sean los vecinos quienes puedan autorizar o vetar pisos turísticos en sus fincas.

Se busca también que el alquiler turístico sea una actividad económica más y tenga los mismos criterios fiscales, entre ellos que soporten un Impuesto de Valor Añadido (IVA).

Inquilinos reclaman un paso más

La estrategia del Gobierno no convence a todos. Los Sindicatos de Inquilinos consideran que las medidas son ineficaces, perpetúan prácticas abusivas y no ofrecen una protección adecuada para los arrendatarios.

Temen que la plataforma propuesta por el Ministerio y en la que se recogerán este tipo de alquileres sea un sistema encubierto de licencias y apuntan que el hecho de tener que justificar la causa que motiva el alquiler temporal deja fuera a quienes necesitan una vivienda de uso habitual.

Los sindicatos piden ir más allá y regular también el alquiler de habitaciones y el 'coliving', en una propuesta que cuenta con el apoyo de los socios de izquierda y nacionalistas del Gobierno.

Los promotores apuntan a los portales inmobiliarios

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) también ha abogado por diferenciar entre arrendamientos de larga duración y cualquier otra tipología de alquiler en los métodos de búsqueda de viviendas en alquiler de los portales inmobiliarios.

Por su parte, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) ha solicitado al Ministerio que se respete la autonomía de los ayuntamientos a la hora de regular el mercado del alquiler temporal, siguiendo las directrices de la jurisprudencia europea y el Tribunal Supremo