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La Junta tramita una treintena de solicitudes por ataques de lobo en Salamanca durante el inicio de 2024
Todavía quedan por tramitar 36 expedientes de los años 2022 y 2023
La Junta de Castilla y León ha tramitado en el primer trimestre de 2024 un total de 29 solicitudes de ayuda de ganaderos salmantinos que denuncian ataques de lobo sobre su cabaña. Además, todavía quedan por tramitar 36 expedientes de los años 2022 y 2023. En lo que respecta a 2024, Salamanca es la tercera provincia menos afectada de la comunidad, únicamente por delante de Soria, con 15 solicitudes, y las siete de Valladolid.
Cuantías abonadas
En cuanto a las cuantías abonadas, la Junta argumenta que en 2024 no hay cantidades pagadas porque "no se ha recibido la transferencia del importe correspondiente a Castilla y León (más de 4,5 millones), según establecía el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente", aunque esa cuantía sí está incluida en los Presupuestos Generales de la Comunidad con el mismo importe.
Esa cifra es más del doble que la abonada a los ganaderos en Castilla y León en 2023, cuando recibieron algo más de 2 millones de euros. Sobre la cuantía media abonada por diferentes tipos de cabezas de ganado en 2023 (equino, vacuno, ovino, caprino y porcino) y por cada ataque, oscilan entre los 2.444 euros que llegó a percibir de media un ganadero de la provincia de Valladolid al sufrir un ataque sobre una explotación de vacuno y los 290 euros de media percibidos por los ganaderos de caprino de Burgos, aunque en estos casos existe mucha variabilidad en función del tipo de ataque y el número de cabezas afectado.
En esta misma respuesta, la Junta asegura que el plazo medio para resolver y pagar este tipo de ayudas en los últimos años es de unos cinco meses, mientras que, como máximo, han sido 11 meses de media los que han tardado en los casos que más se han demorado.
Sobre el impago de algunas ayudas, la Consejería detalla que la existencia de expedientes sin abonar en un periodo superior a dos años se puede corresponder a diferentes circunstancias documentales, entre las que figuran que en la fase de abono hayan sido objeto de petición de subsanación de documentación para su fiscalización previa al pago.
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