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La Ley de Concordia de PP y VOX aviva las críticas y el PSOE plantea llevarla al Tribunal Constitucional
Ana Sánchez acusa a Mañueco de sentirse "cómodo humillando al PP" y de "repudiar" el legado de Juan Vicente Herrera
El Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL) confirmó este miércoles que no descarta pedir amparo al Tribunal Constitucional para evitar que prospere la Ley de Concordia y que se derogue el Decreto de memoria histórica y democrática aprobado en 2018 por el último Gobierno de Juan Vicente Herrera.
En una comparecencia de prensa en la sede de las Cortes de Castilla y León, la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, adelantó que su partido trabajará de la mano con el resto de formaciones políticas, sindicatos y asociaciones de la memoria histórica para crear un "dique de contención" a una proposición de ley con la que se intenta "legitimar la dictadura franquista".
Además, la procuradora zamorana acusó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de sentirse "cómodo humillando al PP" y de "repudiar" el legado de Herrera.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, aseguró que la propuesta de PP y Vox de elevar a rango de ley la Concordia, cuyo contenido sustituirá al Decreto de memoria histórica y democrática aprobado en 2018 por el último Gobierno de Juan Vicente Herrera, "asusta" y "es un gravísimo intento de legitimar la dictadura franquista desde una institución". A su juicio, "es uno de los tristes peajes que debe pagar la Comunidad por la decisión del PP de mantenerse en el poder a costa de pactar con un partido de extrema derecha".
CCOO Castilla y León también se ha pronunciado y considera que la proposición de ley de Concordia es una "ocurrencia ideológica", un paso más hacia el "blanqueo de la época más oscura de la historia de España" y una falta de respeto a las víctimas de la dictadura de Franco durante casi 40 años. Además, cree que es un "retroceso" en el avance de la justicia y reparación de lo ocurrido. En su opinión, la normativa equipara el periodo democrático de la II República con lo que pasó durante el Franquismo y choca frontalmente con los derechos de memoria, reparación y voluntad de no repetición que recogía la Ley de la Memoria Histórica.
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