Los hijos de Pedro Muñoz cambian de abogado en el procedimiento que juzga a los tres por alzamiento de bienes

El lunes 27 de mayo, día en que se cumplen justo cuatro años de que Pedro Muñoz arrojara a Raquel Díaz por la terraza de la vivienda familiar de Toreno y le agrediera salvajemente, será el día en que el expolítico berciano -a día de hoy preso en Villahierro por dejar a Raquel parapléjica en 2020 y maltratarla- se siente en el banquillo de los acusados junto a sus dos hijos -Ruth y Pedro Muñoz Botas- por presuntamente tramar juntos una operación para que el padre se descapitalizara y no tuviera que hacerse cargo de la responsabilidad civil en caso de que fuera condenado (como así ha sido) por el brutal ataque a su segunda exmujer.

Ruth y Pedro Muñoz Botas, los dos hijos (del primer matrimonio) a los que el exedil de Ponferrada Pedro Muñoz intentó donar todos sus bienes en junio de 2020, han perdido la confianza en el letrado que hasta ahora defendía sus intereses, Pedro Quintana ("con quien nunca tuvieron mucha sintonía", según cuenta Raquel, "consideraban que Quintana era una mera marioneta de su padre") y han elegido al penalista Arturo González Pascual -del Colegio de Abogados de Madrid- para que los defienda en el procedimiento judicial que sentará a padre e hijos en el banquillo de los acusados de los Juzgados de Ponferrada el próximo 27 de mayo por un presunto delito de alzamiento de bienes.

Los hermanos Muñoz Botas materializan con este cambio de letrado su disconformidad con las actuaciones de Quintana, uno de los dos abogados que se hicieron cargo de la defensa de Muñoz durante el procedimiento que lo condenó en la Audiencia Provincial de León en enero de 2024 por lesiones agravadas y cuatro delitos de maltrato a la abogada leonesa Raquel Díaz. El hijo de Muñoz, Pedro Muñoz Botas, ya manifestó durante la vista oral la falta de sintonía con Quintana, a quien señaló directamente cuando declaró "haber seguido sus instrucciones" en los trámites que llevaron a cabo padre e hijos para transmitirles Muñoz a sus vástagos la propiedad de todos sus bienes, una operación que fue detectada y por la que ahora se acusa a los tres Muñoz de alzamiento de bienes en grado de tentativa. 

¿Por qué Bello, primer abogado de Raquel, no se personó?

Continúa así el calvario judicial de Raquel Díaz, la mujer que sufrió una salvaje agresión del expolítico berciano Pedro Muñoz, que la dejó parapléjica y con graves daños neurológicos. Con su agresor ya en prisión, Raquel continúa luchando por conseguir una plaza en un centro adecuado a sus circunstancias, ya que en estos casi cuatro años ha estado vagando por centros geriátricos y psiquiátricos, que no parecen el lugar más adecuado para su recuperación de un sufrimiento tan extremo.

Hace ahora un año, en marzo de 2023, Raquel Díaz hizo pública su pérdida de confianza en su entonces letrado, el ponferradino Pablo Bello, que llegó a manifestar en el digital Leonoticias que "fue él quien quiso abandonar la defensa de los intereses de Raquel". Bello no dijo la verdad: cuando ella tuvo conocimiento del sumario del caso y de la evolución de cuantos asuntos le afectaban a ella, comunicó a Bello su pérdida de confianza y puso el caso en manos del letrado ferrolano Felipe Patiño. 

Por aquel entonces, Raquel Díaz ya sabía que Pablo Bello (por otra parte, el único abogado de Ponferrada que había aceptado el caso, pese a que ella era la secretaria de la delegación en Ponferrada del Colegio de Abogados de León) no se había personado en otro procedimiento judicial 'paralelo' contra su entonces marido y presunto agresor y los hijos de éste, por un presunto alzamiento de bienes que fue detectado antes de que se consumara.

Sin embargo, la falta de personamiento de Bello en el procedimiento iniciado en el juzgado número 6 de Ponferrada impidió que la acusación particular de Raquel Díaz pudiera participar en la instrucción del caso, proponer medios de prueba o intervenir en las pruebas que propusieran el Ministerio Fiscal o el juez instructor, lo que provocó un gran malestar en Raquel y su entorno, "hartos de tantas trabas y/o presiones por acción y/o por omisión".

Tampoco pudo Raquel, aún sin nuevo abogado que defendiera sus intereses, formular las conclusiones provisionales del procedimiento y definir adecuadamente el relato de hechos por los que dentro de unas semanas se juzgará de nuevo a Pedro Muñoz y a sus dos hijos. Todo ello ha determinado también que Raquel Díaz, ya defendida por Patiño, no haya podido intervenir en la proposición de las pruebas que inicialmente se practicarán en el acto de juicio. La acusación ha quedado, por tanto, únicamente en manos del Ministerio Fiscal como consecuencia de la no personación de Bello. "Estudiaremos en su momento qué responsabilidades pedimos a quien sea necesario, para que cada uno asuma las responsabilidades que le competan", explicaban esta semana Raquel y su abogado a Tribuna León.

- ¿Van a pedir explicaciones a su anterior abogado para saber por qué no hizo lo que debía haber hecho? ¿Cómo se explica todo ello, pudo él recibir algún tipo de presión que influyera de alguna manera en esa inacción?

- Todo a su debido tiempo -responde prudente Raquel- lo que considere mi abogado, pero aún quedan muchas explicaciones que dar a por qué se me ha dejado sola en estos años, también en el aspecto jurídico, donde en absoluto me he visto amparada.

La fiscal pide 2 años y 5 meses de prisión a cada acusado

En el escrito de acusación, el Ministerio Fiscal -ejercido por la fiscal Sandra García- considera que los hechos que se imputan a los Muñoz son constitutivos de insolvencia punible en su modalidad de alzamiento de bienes en grado de tentativa, previsto y penado en el art. 257.1.2º, 2 y 4, en relación con el art.250.1.5º y 62, del Código Penal.

Para la fiscal, el responsable del delito en concepto de autor es Pedro Muñoz Fernández, mientras que sus dos hijos, Pedro y Ruth Muñoz Botas son responsables del delito en concepto de cooperadores necesarios (arts. 27 y 28 del Código Penal).

Pide para los tres acusados 2 años y 5 meses de prisión, además de 17 meses de multa, con una cuota diaria de 15 euros.

Según se recoge en el relato de hechos del Ministerio Fiscal, la donación llegó a producirse: "Muñoz decidió deshacerse de sus bienes y así, encontrándose ya preso preventivo en el Centro Penitenciario de León, otorgó el día 11 de junio del 2020 escritura de poder general como apoderados solidarios a favor de sus hijos y también acusados Ruth y Pedro, poder que incluía la figura jurídica de la autocontratación así como la existencia de intereses iguales u opuestos".

"El día 16 de junio del 2020, tras el otorgamiento de dicho poder general, los hijos, siendo conocedores
y partícipes de la finalidad perseguida por su padre, se prestaron voluntariamente a acudir ante el notario de Ponferrada José Pedro Rodríguez y otorgaron escritura pública de donación por la que en nombre y representación de su padre, este donaba pura, simple y gratuitamente, las siguientes fincas que le
pertenecían en pleno dominio y con carácter privativo: la finca Las Huelgas de Toreno (con una hipoteca pendiente de 53.510,23 euros), un terreno rústico en Toreno (libre de cargas y gravámenes), un piso en Santo Tomás de las Ollas, Ayuntamiento de Ponferrada (libre de cargas y gravámenes) y un garaje en el mismo lugar".

Los hijos de Pedro Muñoz presentaron la escritura de donación a los correspondientes Registros de la Propiedad de Ponferrada para su inscripción. La operación se frustró por la negativa de la titular del Registro de la Propiedad número 1 de Ponferrada por ser las fincas de Santo Tomás el domicilio conyugal del donante y no constar el consentimiento de su entonces aún cónyuge Raquel Díaz (entonces ingresada en estado muy grave encontraba en el Hospital de León). No era posible, en aquel calamitoso estado, que Raquel Díaz diera su consentimiento, por lo que el 17 de julio de 2020 el notario José Pedro Rodríguez anuló íntegramente y dejó sin efecto la donación relativa a dichas fincas.

Se da la circunstancia de que este notario, amigo personal de Pedro Muñoz, es el mismo ante el que Raquel Díaz declaró en la vista oral "haber sido obligada" por su marido en agosto de 2019 a rubricar un acta en que aseguraba no ser víctima de malos tratos físicos ni psíquicos por parte de su marido, un acta de dudosa legalidad y utilidad que Raquel Díaz (abogada) contó que firmó "obligada y para evitar males mayores". "Yo sabía que ese documento no tenía ninguna validez", explica ella, "pero él me obligó a firmarlo y su amigo el notario no me hizo ninguna pregunta".

La indemnización que recoge la sentencia condenatoria a Muñoz

La sentencia de 10 de enero de 2024 de la Audiencia Provincial de León establece que "en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos, Muñoz debe indemnizar a Raquel Díaz con 1.502.982,33 euros", una cantidad de la que la víctima no recibirá ni un euro hasta que la sentencia no sea firme (previsiblemente, no antes de dos años, según las estimaciones de varias fuentes judiciales consultadas).

Muñoz deberá además indemnizar a la Junta de Castilla y León en la cantidad de 97.149,24 euros, y al Servicio de Salud de la Comunidad de Castilla-La Mancha en 47.999,99 euros.

El pago de las cuantías adeudadas a la víctima es prioritario.