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Dos detenidos y 4 investigados por explotación laboral de mujeres en provincias como Salamanca
Buscaban un perfil de mujeres de carácter dócil, todas de origen latinoamericano, en situación irregular en España y sin permiso de trabajo
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a la explotación laboral de mujeres latinoamericanas sin permiso de residencia y en situación precaria a las que captaban a través de una empresa dedicada al cuidado de personas mayores a domicilio y al servicio doméstico.
La operación, desarrollada a lo largo de nueve meses por la Guardia Civil de Asturias y Salamanca con el apoyo de agentes de Cantabria y Valladolid, ha permitido detener al gerente de la empresa y supuesto cabecilla, así como a su pareja sentimental, ha informado este martes la Comandancia del Principado y publica EFE.
El instituto armado también mantiene como investigadas a otras cuatro personas, responsables de sucursales de la empresa en Salamanca, Valladolid, Gijón y Cantabria.
A todos los detenidos e investigados se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores extranjeros, falsedad documental y contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, así como pertenencia a grupo criminal.
Según los investigadores, prosigue EFE, los integrantes del grupo criminal buscaban un perfil de mujeres que ellos denominaban "buenas trabajadoras", de carácter dócil y calladas, todas de origen latinoamericano, en situación irregular en España, sin permiso de trabajo y situación muy precaria en su país de origen, por lo que aceptaban condiciones laborales muy duras.
El cabecilla ordenaba a sus colaboradores en las distintas sedes que no aceptaran mujeres que no mantuvieran la mirada en la entrevista o que fueran esquivas en sus respuestas. A la hora de formalizar los contratos, la identidad de la empleada no se correspondía con la que llevaba a cabo los cometidos contratados sino que pertenecía a otras trabajadoras que sí se encontraban en situación regularizada.
De esta forma, la trabajadora carecía de contrato efectivo, no era dada de alta en la Seguridad Social y se le imponían unas condiciones laborales que vulneraban toda normativa reguladora.
Además, las víctimas eran llevadas a localidades pequeñas, alejadas de centros urbanos, para dificultar que pudieran relacionarse con otras o personas.
Los integrantes del grupo también aleccionaban a las mujeres captadas y les advertían de cómo se debían comportar en el caso de que fueran identificadas en controles policiales, relata EFE.
Tampoco les permitían ir a centros médicos y hospitalarios si no iban acompañadas por miembros de la empresa e incluso les obligaban a identificarse con otras identidades correspondientes a personas que sí se encontraban de alta en la Seguridad Social.
La empresa desde la que captaban a las mujeres tenía "una estrategia muy agresiva de expansión" y tenía previsto abrir nuevas sedes en otras provincias.
En la operación, denominada 'Zimersa', han colaborado con la Guardia Civil la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de cada una de las provincias en las que la empresa tenía sedes.
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