La Junta de Castilla y León y ocho diputaciones provinciales (todas excepto León) han pedido de forma conjunta al Gobierno de España que "con la máxima urgencia, articule la financiación necesaria para facilitar a los ciudadanos residentes en el medio rural el acceso al servicio de la Televisión Digital". Preguntas y respuestas del apagón televisivo.

El motivo de esta reclamación es el siguiente: el 14 de febrero desaparece la televisión en definición estándar (SD) para dejar paso a la de alta definición (HD). Algunos televisores, especialmente los más antiguos, podrían necesitar un adaptador para seguir viéndose.

El manifiesto tiene como fin "aunar esfuerzos y prestar una colaboración leal con el Gobierno de España para facilitar el acceso a la televisión digital, en el ámbito de sus respectivas competencias", pues todos los firmantes consideran que "es un derecho de todos los ciudadanos de Castilla y León, con independencia de su lugar de residencia, al acceso en condiciones de igualdad a la televisión digital en todo el territorio".

En este manifiesto, que será remitido formalmente al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, los representantes autonómicos y provinciales asumen el compromiso de seguir trabajando de forma coordinada en la defensa de los intereses generales de los ciudadanos de Castilla y León, puesto que consideran que "las especiales características geográficas y demográficas de la Comunidad hacen necesario que el Gobierno de España haga uso de sus competencias y asigne los recursos económicos necesarios para ampliar el acceso a la televisión digital. Especialmente relevante es conceder ayudas a los ciudadanos para adquisición de los receptores SAT-TDT en alta definición en las zonas rurales de la Comunidad de Castilla y León donde no llegan los centros emisores de Televisión Digital Terrestre". 

Los expertos han advertido de que las personas que acceden a la señal vía satélite podrían tener que cambiar su receptor para seguir viendo la televisión.

Los firmantes comparten que esta actuación "tiene un marcado carácter social, pues afecta especialmente a zonas rurales y resulta necesaria para garantizar la cohesión social y territorial y el principio de igualdad entre todos los ciudadanos".