Para que digas 'no puedo más' quizá hará falta humildad y un coraje descomunal, como siempre que se dice 'no puedo'. Algo así respondía en una entrevista la periodista argentina Leila Guerriero, que ha escrito en varias ocasiones sobre el suicidio y que arranca con una cita de Pavese su libro 'Los suicidas del fin del mundo' (2005). La cita -extraída de 'El oficio de vivir'- es "Se necesita humildad, no orgullo", y contaba Guerriero en El País que Pavese habla con autoridad "porque es un tipo que se suicidó, un tipo que en su diario hizo reflexiones acerca de lo que significa sacarse la vida. Se suele pensar al suicida como una persona cobarde o egoísta, y creo que su frase resume perfectamente todo lo contrario, o al menos rebate algunos lugares comunes que hay en torno al suicida".

Sara y Cristina no pudieron más. Se quitaron la vida para poner fin a sus respectivos infiernos de malos tratos. Las dos mujeres habían denunciado a sus exparejas y las dos dijeron "hasta aquí" a sus vidas cuando el hostigamiento al que llevaban sometidas durante demasiado tiempo superó presiones inimaginables. "Me rindo, estoy agotada". Del triste final de la artista Sara Calleja se escribieron cientos de páginas hace más de ocho años, cuando ella se tiró por la ventana de su casa en Ibiza tras vivir un calvario con el hombre al que había dejado un tiempo antes. La historia de la zamorana afincada en León Cristina Ramos es bastante similar: denunció al padre de su hijo por lesiones, maltrato y maltrato habitual en abril de 2021 y poco tiempo después, en mayo de ese mismo año, no soportó la angustia y apareció muerta en las vías del tren.

Los casos de ambas mujeres, que se rindieron por agotamiento, siguen un patrón desgraciadamente cada vez más común, el de mujeres que recurren a la justicia para paliar el sufrimiento que les causan los hombres a los que alguna vez amaron, mujeres que finalmente arrojan la toalla porque ya no pueden más.

Las dilaciones de los procedimientos judiciales, la impotencia de no saber adónde recurrir para salir de sus torturas, la escasez de herramientas a las que recurrir para liberarse de situaciones insoportables o una salud mental devastada tras una larga lista de episodios de malos tratos (físicos y/o psicológicos) podrían explicar lo inexplicable: que mujeres jóvenes con toda la vida por delante, mujeres que en muchos casos son además madres, no sean capaces de sobrevivir a hostigamientos asfixiantes.

Estos dos casos son sólo dos ejemplos de que el sistema falla estrepitosamente y no ha sido capaz de proteger a las víctimas, ni de castigar al delincuente e impedirle que continuara su acoso implacable antes de que fuera demasiado tarde. Ambas mujeres habían denunciado sus casos en los tribunales; en el caso de Sara Calleja, hasta en 19 ocasiones.

El incremento de casos de mujeres que recurren al suicidio para poner fin a vidas de golpes en mente y cuerpo y el pírrico castigo que reciben los agresores, si llegan a ser condenados, evidencia una clara carencia de respuesta legislativa a un problema que debería enmarcarse en el de la lacra de la violencia de género. Una condena de tres o cuatro años por someter a una persona a una quiebra personal de tal magnitud parece a todas luces insuficiente, por lo que la respuesta del Estado a esta realidad social no parece suficiente. Un ejemplo perfecto es el caso de Sara Calleja, en el que la sanción no ha encontrado el mecanismo necesario -porque no lo hay- para castigar el delito: ¿Tres años y cuatro meses por inducir al suicidio a una persona? ¿puede tener la misma condena un maltrato si acaba en muerte que si no?

Christian Costenoble, condenado ahora por cuatro delitos de 2015

Hace unos días, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca condenaba a tres años y cuatro meses por cuatro delitos al exnovio de Sara, el belga Christian Costenoble, por hostigarla durante meses e inducirla al suicidio. Deberá indemnizar a los dos hijos de ella con 30.000 euros en total. La sentencia le impone penas que suman tres años y cuatro meses de cárcel, frente a los diez años que reclamaban la Fiscalía y el abogado de los hijos de Calleja, que ejercían la acusación particular.

La sentencia, que llega ocho años y medio después de la dramática muerte de Sara Calleja, vincula el hostigamiento que sufrió la víctima (cartas, mensajes, envíos) con la profunda depresión que la llevó a quitarse la vida en julio de 2015, hace más de ocho años. Costenoble tenía dos condenas anteriores por amenazas y coacciones a la artista leonesa, con prohibición de comunicarse con su expareja. Por todo ello, el tribunal le condena por quebrantar la prohibición anterior, por maltrato psíquico habitual, coacciones y lesión psíquica. El tribunal aprecia dos atenuantes: una de dilaciones indebidas (el procedimiento se ha dilatado más de ocho años) y una por alteración psíquica, ya que el condenado sufre un trastorno psicológico que altera sus facultades.

La resolución balear recoge que la pareja tuvo una relación sentimental en León durante unos tres años, una relación a la que ella puso fin en septiembre de 2013, "ruptura que él nunca aceptó", por lo que insistía continuamente a la víctima para que volviera con él. Sólo entre enero y marzo de 2015, él la envió desde Bruselas doce paquetes a su domicilio de León: preservativos, dibujos de corazones, juguetes sexuales, "mensajes inquietantes y obscenos, con la intención de causar desasosiego a Sara", que vio tan perturbada su vida con este acoso que decidió mudarse a Ibiza.

El fallo, que ha sido notificado hace unos días, puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Una orden de protección que no fue suficiente

Otro caso ocurrido en León, aunque Cristina Ramos era zamorana. Ella y J. eran pareja desde 2003 y convivían juntos. En 2011 tuvieron un hijo.

El 25 de abril de 2021 Cristina relató su situación de maltrato a algunos de los vecinos, que ya habían presenciado algunos episodios de violencia. Al llegar a casa él, la agredió de nuevo y la amenazó gravemente. 

El 27 de abril de 2021, el Juzgado de instrucción número 4 de León concedió una orden de protección de treinta días a Cristina Ramos Centeno respecto a J.R.M, su expareja y padre de su hijo, a quien se le prohibió aproximarse a menos de 300 metros de su ex ni comunicarse con ella por ningún medio. También se le prohibió la tenencia y porte de armas, que tuvo que entregar en la Intervención de armas de la Guardia Civil.

Pero a finales del mes de mayo Cristina ya no pudo más. Su estado de ánimo debía de estar bajo mínimos. Dejó a su hijo en el colegio, se fue a dar una vuelta en bici y desapareció. Se la buscó durante días, con el temor de que hubiera podido sufrir una agresión. Cristina se había quitado la vida arrollada por un tren en Valverde de la Virgen. Su cuerpo apareció el 22 de mayo de 2021.

El 3 de junio de 2021 se prohibió a J.R.M. cualquier contacto y comunicación con su hijo, a quien no puede acercarse a menos de 50 metros.

El juicio a J.R.M estaba previsto para el pasado 24 de octubre de este año. El fiscal lo acusa de dos delitos de maltrato, un delito de maltrato habitual y uno de vejaciones, todos ellos en el ámbito familiar. En total, pide para el presunto maltratador de Cristina Ramos cuatro años y medio de prisión.

Por su parte, la acusación particular reclama para él seis años y siete meses de cárcel por la presunta comisión de un delito de lesiones, un delito de maltrato, un delito de amenazas, un delito de maltrato habitual contra la mujer y uno de maltrato habitual respecto al hijo de la pareja, que cuando falleció su madre tenía diez años.

El juicio al hombre que pudo inducir a Cristina Ramos al suicidio en 2021 se celebrará finalmente el 1 de julio de 2024. Mientras tanto, el acusado seguirá teniendo prohibido acercarse al pequeño R., cuya patria potestad tienen sus abuelos maternos.

En términos estrictamente jurídicos, no se podrá decir que a Cristina o Sara "las indujeron al suicidio" sus exparejas maltratadoras. Serán más bien los titulares periodísticos los que intenten explicar los delitos de condenas que a veces se quedan pobres si nos atenemos a la literalidad de las sentencias de una legislación que a veces no parece tener respuestas -ni herramientas adecuadas- a las realidades sociales.