La Guardia Civil, las policías locales y los técnicos de la Junta ejecutaron el año pasado 28.592 controles de carretera a profesionales del tranporte de mercancías y pasajeros por carretera y detectaron 17.180 infracciones. De ellas, el 82% estuvieron relacionadas con los tiempos de conducción y descanso, aunque  también oor la reducción de costes de forma fraudulenta. En lo que va de 2023, solo los agentes de la Benemérita han formulado unas 15.000 denuncias en materia de transporte en las vías de la Comunidad.

Controles de vigilancia e inspección que la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, justificó para velar por el presente y futuro del sector y luchar contra las "malas prácticas" de algunos conductores que promueven la competencia desleal o el incremento de los riesgos en la carretera. Destacó que es un sector de enorme importancia tanto para la movilidad de las personas como para la economía al ser "esencial" para el buen funcionamiento del comercio, la industria y, por tanto, para la creación de empleo. La Comunidad cuenta con más de 14.000 empresas dedicadas al transporte por carretera y una flota de 42.604 vehículos, siendo el de mercancías el de mayor peso, al sumar 12.000 compañías y 35.951 vehículos.

Antes de la inauguración las III Jornadas sobre coordinación y especialización en inspección de transportes, celebradas en la sede de la Consejería en Valladolid, González Corral subrayó, según Ical, la necesidad de efectuar controles en las carreteras para contar con un sector "más competitivo", "más eficaz" y que juegue en condiciones de "ventaja" para que la economía regional crezca, pero también para disponer de un transporte "más seguro".

Las jornadas, organizadas por la Junta de Castilla y León y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil, sirvieron para profundizar en las relaciones entre todas las administraciones y mejorar los procedimientos de actuación. El Plan de Inspección incluye tres novedades en 2023 como el control de la prohibición de carga y descarga por parte de los conductores profesionales, ya que, según el Real Decreto ley 3/2022, solo deberán intervenir en este proceso en los supuestos en los que por razones de seguridad y eficiencia en la operación esté justificada.

También se ha intensificado el control de la morosidad para evitar pactos de contenido abusivo para el porteador. En concreto, se vigila que se cumpla el pago del porte dentro del periodo fijado por ley, establecido en 60 días. Para ello, se comprueba la facturación de las empresas y los justificantes de pago de cada una de las facturas emitidas a los servicios de transporte.

Por último, existe una vigilancia del precio del transporte para intentar garantizar que el precio del porte sea superior al de los costes y gastos individuales efectivos del transportista. De cara a lograr este objetivo, es necesario que los contratos sean por escrito, donde debe aparecer el precio acordado con referencia a los gastos que supone la prestación del servicio. A efectos de inspección, los agentes comprueba las cartas de porte con el precio convenido.