En un esfuerzo por abordar la necesidad de viviendas asequibles para las familias más desfavorecidas en la comunidad autónoma de Castilla y León, la Diócesis de Salamanca y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León suscribieron el pasado 5 de septiembre un importante acuerdo dentro del programa Rehabitare.

El obispo de la Diócesis de Salamanca, José Luis Retana, y el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones firmaron este convenio que marca el inicio de un proyecto que busca recuperar viviendas rurales que sean aptas para destinarlas a alquiler social  y que, "por su localización, en pleno casco urbano, permiten contar con todos los servicios, por lo que se optimizan las infraestructuras existentes, a la vez que se evita el deterioro del patrimonio inmobiliario".

Este acuerdo permitirá que viviendas ubicadas en el medio rural, propiedad de la Diócesis de Salamanca, sean incorporadas al Parque Público de Vivienda de la Junta de Castilla y León. Después de un exhaustivo estudio de cada vivienda, la Junta se encargará de rehabilitarlas, preparándolas para ser habitadas en régimen de alquiler social por personas que "por su situación personal, social o económica no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre", como se especifica en el punto IV del protocolo.

Esta iniciativa es especialmente relevante, ya que estas casas rurales,  anteriormente habitadas por sacerdotes y que han estado cerradas durante varios años, serán ocupadas por personas y familias que las necesitan, al mismo tiempo que se mantendrán en buenas condiciones.

Acceso a una vivienda digna

Esta colaboración entre la Diócesis de Salamanca y la Junta de Castilla y León representa un esfuerzo conjunto para apoyar a las personas más vulnerables en su acceso a una vivienda "digna y adecuada", con preferencia a jóvenes menores de 36 años.

El protocolo de acuerdo establece una comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los objetivos del convenio,  integrada por dos representantes de cada una de las instituciones. Este acuerdo inicial tiene una vigencia de cuatro años, con la posibilidad de prórroga.

Cabe destacar que la Junta de Castilla y León ya ha firmado convenios similares con los obispados de Ávila, Burgos, León, Astorga, Palencia y Ciudad Rodrigo. Gracias a estos acuerdos se han realizado 31 actuaciones en las que se ha invertido un total de 1.543.640 euros.