El Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca ha archivado este viernes la causa abierta contra el PP salmantino por supuesta financiación ilegal, en la que han llegado a estar en calidad de investigados el propio partido, el expresidente provincial del PP y actual presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y su gerente provincial, Isabel González.

El Juzgado considera que de las actuaciones practicadas no se puede determinar que el PP haya sido financiado de manera ilegal en el marco de las primarias autonómicas de 2017, que se celebraron para elegir al sucesor de Juan Vicente Herrera al frente del PP-cyL y que auparon al liderazgo autonómico al actual presidente del partido y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Además del sobreseimiento al carecer los hechos de tipicidad penal declara expresamente que la formación de la causa no perjudica a la reputación de los investigados, Iglesias y González.

Contra la sentencia, eso sí, cabe recurso de reforma en un plazo de tres días y también recurso de apelación, ampliado a cinco, que podrían ser ejercidos en ambos casos por la acusación particular, si así fuera su deseo, en este caso, Foro Izquierda-Los Verdes, que consideraba como delito de financiación ilegal de partidos políticos las aportaciones dinerarias que diversos cargos y militantes 'populares' realizaron para que otros afiliados concurrieran a dicha votación.

Una vez practicadas las diligencias de instrucción e investigación pertinentes, la sala considera que, al haberse acreditado a través de las declaraciones juradas que todas las aportaciones realizadas para el pago de cuotas de esos afiliados morosos fueron nominativas, y estando identificados todos los aportantes con nombres y apellidos, no existe ningún ingreso anónimo en las cuentas del Partido Popular de Salamanca, lo que supone que no ha existido ningún tipo de financiación ilegal.

El auto aclara que, por un lado, las referidas aportaciones, individuales y plenamente identificadas con nombre y apellido, y destinadas al pago de cuotas de afiliados, constituyen "un mero pago de deuda por tercero autorizado Código Civil". Por otro lado, el documento judicial apunta que "aunque dialécticamente se considerasen tales aportaciones como ?donaciones?, ha resultado plenamente probado, tanto que ninguna de ellas es anónima como que ninguna de ellas supera la cantidad de 50.000 euros anuales", por lo que no concurren ninguno de los supuestos de ilicitud previstos en el artículo la legislación sobre financiación de los partidos políticos.