El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca tacha de "absolutas falsedades" las acusaciones llevadas a cabo por el Grupo Socialista sobre los recibos del agua.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, y el concejal José María Collados han denunciado la práctica actual influyente en la factura del agua de los ciudadanos salmantinos. Según delata el partido socialista, se están aplicando las tarifas correspondientes del año 2023 al año anterior, un acto que valoran no solo como "abusivo", sino también "ilegal".

Asimismo, José María Collados ha expuesto el contexto "inaceptable" del "tema de los contadores". Según la nueva ordenanza fiscal de agua potable, se impone un recargo a aquellos usuarios que hasta en tres ejercicios de facturación consecutivos no hayan permitido a la empresa encargada ver el contador. Así, Collados reclama un "protocolo de actuación", pues en ocasiones se acude sin avisar y no hay una garantía de que realmente han ido a comprobarlo. 

Además, pese a que la entrada en vigor se formaliza desde el 1 de enero de este mismo año, "estos conceptos ya se están cobrando, algo que es totalmente ilegal, puesto que los nuevos cobros defeberían producirse a partir del tercer periodo de facturación y no en estos momentos". Los cargos alcanzan los 30 euros y los usuarios están recibiendo el cobro sin previo aviso, según informa el PSOE. 

En consecuencia, los populares lamentan la "falta de responsabilidad de los socialistas", alegando que "tratan de desinformar y manipular a los vecinos" sobre el cobro de las tarifas de estos servicios. Un cobro que, según dicen, "respeta escrupulosamente la legalidad, al ajustarse estrictamente a lo dispuesto al efecto por la vigente Ordenanza reguladora de dichas tarifas". 

De igual modo, se recuerda a los socialistas que "la implantación de un recargo en la factura afecta exclusivamente a aquellos usuarios cuyo contador no ha podido ser leído durante más de trimestres consecutivos". Se trata de casos en que, transcurrido un largo tiempo desde la aprobación del Reglamento regulador de estos servicios, no se ha cumplido con la obligación de contar con un contador accesible para su lectura, o, en su defecto, de tener instalado un sistema de telelectura.

Explica el Partido Popular que la medida, de cuya aplicación se advierte previamente a los afectados, "evita el agravio con el resto de los consumidores de la ciudad" (a los que sí se les lee el contador) y trata de impedir que existan usuarios a los que no se les mida su consumo real de agua. "Se trata, en definitiva, de una medida necesaria para conseguir una gestión de este servicio público organizada, moderna y eficaz, disponiendo de información veraz sobre los consumos. Una medida cuya finalidad es incentivar que los usuarios afectados renueven el contador antiguo por uno nuevo ubicado en zona de fácil acceso para su lectura, o instalen en el contador un sistema de telectura", explican. 

Asimismo, el Grupo Municipal Popular llama a la memoria de los socialistas que, durante el proceso de aprobación de la Ordenanza Municipal reguladora de las tarifas de estos servicios, presentaron diversas alegaciones, sin que "ninguna de ellas se refiriera a la aplicación de esta medida". 

Finalmente, el Grupo Municipal Popular señala que, en cumplimiento del Reglamento de este Servicio público, y de la Ordenanza Municipal que regula sus tarifas, "siempre se facturan anualmente a cada abonado cuatro periodos de tres meses a las tarifas vigentes en el momento de realizar la facturación".