Una cogobernanza en los Servicios Sociales para lograr una mayor "vertebración", pero desde "la colaboración y el respeto" al ámbito competencial de las administraciones autonómicas. Es lo que defiende del Gobierno de España a través del proyecto de ley en la materia, según ha asegurado hoy en Zamora el director general del Imserso, Luis Barriga.

Barriga ha participado hoy en la mesa de reflexión política y estrategias públicas de cuidados, celebrada en la segunda jornada de la I Feria Internacional de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados (Fitecu) que acoge hasta mañana la localidad de Villardeciervos.

El director general del Imserso apuntó que el texto de la nueva ley, aún en borrador, se debatió ayer de nuevo en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, al que la nueva norma otorgaría de más poder dentro de ese objetivo de cogobernanza planteado por el Ejecutivo nacional. Barriga expuso que el planteamiento del texto ha sido "de máximo respeto a los niveles competenciales que existen en el Estado" para que no haya "invasión competencial alguna", aseguró en declaraciones recogidas por Ical.

Defendió Barriga que la ley no puede estar "vaciada de contenido" y hay cuestiones "importantes" en las que avanzar para una "mejor gobernanza en la materia". 

Así, se refirió a "garantizar el acceso" pero también a "pactar la semántica" para que en todo el país se llame "de la misma manera" los distintos dispositivos puestos en marcha por las autonomías, lo que facilitaría la acumulación de datos en las bases frente a las dificultades actuales por la "distinta nomenclatura".

Ese pacto, no obstante, debe llegar "desde el punto de vista científico" para establecer "claves comunes" que ayuden a la gestión y a la cogobernanza desde un "empoderado" Consejo Interterritorial, que ya hasta ahora ha realizado un "apasionante trabajo" con un "método abierto de coordinación" para llegar a "acuerdos mínimos sobre algunas cuestiones" que ayudan a "vertebrar el sistema".

El director general del IMSERSO aseguró que, desde el año 2020 y en el seno de dicho Consejo, se han suscrito "37 acuerdos, 35 de ellos por unanimidad", lo que supone una cifra que iguala los alcanzados en el periodo transcurrido entre 2007 y 2019.

"Hemos activado esta fórmula de cogobernanza continúa porque es la manera de estructurar y vertebrar algunas cuestiones, y lo hemos hecho fuera del foco excesivo de pelea política, en aras de conseguir el máximo nivel de consensos desde la lealtad institucional plena", concluyó Barriga, esperando el mismo nivel de acuerdo para la aprobación de la ley, que incluye "por primera vez" la necesidad de hacer investigación e innovación social como "elemento fundamental", y que espera que, una vez salga del Consejo de Ministros con "ADN de respeto competencial", se apruebe por las Cortes porque "los Servicios Sociales son mejorables y necesitamos vertebrarlos mejor".

También se refirió Barriga durante su intervención, recogida por Ical, a la estrategia estatal de desinstitucionalización que, tras el "proceso de reflexión" iniciado hace unos meses, se espera aprobar, junto a un plan operativo al respecto, antes de que finalice el presente año, tras concluir previsiblemente en abril la fase de análisis y diagnóstico en la que está sumergido el Ministerio, y realizar un borrador desde dicho mes hasta octubre de 2023.

La estrategia estatal de desinstitucionalización pretende que "todas las personas puedan tener proyectos de vida hasta el final de la misma en sus entornos" y, para ello, toca "repensar los dispositivos de atención" actuales porque "en ocasiones, sacaban a las personas de dichos entornos para llevarlas a otras instalaciones", algo que afecta no solo a las personas mayores, sino a menores, personas en situación de dependencia o con discapacidad.

Por ello, y para llevar a cabo esta estrategia, Barriga consideró que es necesario un "cambio de cultura en los cuidados, en los apoyos y las atenciones", por lo que la estrategia tendrá éxito si consigue que toda la sociedad "se replantee cómo nos cuidamos unos a otros y, especialmente, a las personas que no tienen apoyos de su entorno".

Con ese fin, se ha abierto un proceso de participación para que "cerca de 30.000 personas, desde sociedades científicas a administraciones nacional, autonómica y provincial, pasando por las entidades del tercer sector y los propios usuarios" realicen sus aportaciones, ante la perspectiva cierta de que "el 96 por ciento de las personas de nuestro país se quieren mantener en sus entornos", como revela un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid.