Son múltiples los mensajes y las personas que se han atrevido a valorar las nuevas propuestas 'provida' de VOX, en voz del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo. Político que además, reconoció no tener "mucha idea" de embarazos al ser interrogado por los medios de comunicación sobre tales medidas. 

Por un lado, la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha exigido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el cese al vicepresidente de la Junta, por "sus ideas retrogradas, malintencionadas, racistas y xenófobas y maltratadoras contra la mujer",  llegando a calificarlo de "machito retrógrado". Luis Tudanca, líder de la oposición, culpaba directamente a Mañueco, asegurando que no es un digno presidente de Castilla y León y las mujeres se lo han demostrado". 

Por su parte, el Movimiento Feminista de Salamanca, ha publicado una carta abierta con un claro destinatario, el Gobierno de coalición PP-VOX. 

"Una vez más el partido ultraderechista VOX con su vocero, vicepresidente sin funciones ni tareas del Gobierno castellano leonés, Juan García Gallardo, vuelve a atacar a las mujeres, esta vez, cuestionando nuestro derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con sus declaraciones, el Sr. García Gallardo está afirmando que aquellas que deciden abortar no están capacitadas para tomar libremente esta decisión, y que deben ser 'asesoradas' e 'informadas' por los y las profesionales sanitarias para que reconsideren su decisión. Propone que se 'invite' a las mujeres cuando acuden a la ecografía previa a la IVE (necesaria para datar las semanas de embarazo) a escuchar el latido fetal.

Es intolerable el desprecio con el que aborda una decisión tan sensible e íntima tomada por una mujer cuando ha decidido interrumpir su embarazo, ¿se piensa que no se ha meditado y decidido qué hacer?, o ¿simplemente quiere humillar y presionar a la mujer en ese momento? Además, le hemos tenido que oír sandeces, como la posibilidad de escuchar del latido fetal a las 6 semanas e identificar si el embrión o feto padece hipertensión o diabetes por este método.

Desde que el Partido Popular, con el Sr. Fernández Mañueco a la cabeza, decidió pactar con este partido ultraderechista, los derechos de las mujeres en Castilla y León han sido cercenados. Niegan la existencia de la violencia machista (1186 feminicidios ocurridos desde 2003), han eliminado las subvenciones a las asociaciones que ofrecen atención y apoyo a las mujeres víctimas de violencia sexual y machista y han impedido que partidas de dinero del Pacto de Estado se destinen a eliminar esta violencia.

En un intento inicial de lavado de cara, el Consejero de Sanidad de Castilla y León matiza las declaraciones de García Gallardo, pero posteriormente apoya estas medidas. Tras más de medio año de gobierno compartido con Vox, la ciudadanía ya conocemos cómo el Partido Popular se pliega a las condiciones de Vox o se escuda en ellas para restringir derechos. Desde el Movimiento Feminista de Salamanca llevamos años reclamando que este derecho regulado por una Ley Orgánica pueda ser ejercido por las mujeres con todas las garantías de calidad y seguridad en nuestra provincia, por ello exigimos que la prestación de la IVE (recogida en la cartera de servicios comunes del SNS) se realice en nuestro hospital público y por el personal del mismo.

Lo que tiene que hacer esta Consejería es ofertar esta prestación desde los hospitales públicos de la Comunidad como está legislado y proteger de esta manera la salud de todas las mujeres. Y si como dice el Sr. Fernández Mañueco a él no le tienen que dar lecciones de cómo defender a las mujeres, demostrarlo y con la misma inmediatez que pretende poner en marcha ese nuevo protocolo que dice de 'apoyo a la maternidad', incluyendo en todos los servicios de ginecología de los hospitales de la Comunidad la práctica de las IVE.

Y no olvidemos, ante el despropósito del Sr. García Gallardo, que cuando afirman que los y las profesionales que se acojan a la objeción de conciencia tienen que ser protegidas, la realidad es que ya lo están por Ley. Sin embargo, creemos que a quien hay que proteger de las posibles presiones y acoso que desde las jefaturas y direcciones puedan sufrir, es a aquellos y aquellas profesionales que no se declaren objetoras. Desde este Movimiento Feminista nuestro apoyo a todas ellas".