La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró que en 2023 contarán con casi 20 millones de euros para nuevas ayudas de apoyo a la natalidad en Castilla y León.

En su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para informar del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023 en lo referente a su departamento, Blanco aseguró que se volverán a convocarse las ayudas para excedencia y reducción de jornada, con dos millones.

Además, la consejera detalló medidas como el programa 'Conciliamos', dotado con 1,8 millones; el 'Bono Concilia', que dispondrá de once millones, y el programa ?Crecemos?, que movilizará nueve millones.

Las cuantías destinadas a la promoción y apoyo a la familia son de las que más se incrementarán el próximo año, superando los 50,7 millones de euros, 34,3 más para facilitar la conciliación y la corresponsabilidad, lo que supone "duplicar" la cifra prevista en el pasado presupuesto. El Plan Familias de Castilla y León, puesto en marcha el anterior año, incorpora 57 medidas, dirigido a las 300.000 familias con menores de 25 años, con una atención preferente al medio rural.

Para apoyar y atender a las familias más vulnerables se contemplan en el próximo ejercicio 87 millones de euros, incluyendo los 18 millones correspondientes a la Renta Garantizada de Ciudadanía, que se ha visto reducida como consecuencia de su coexistencia con el Ingreso Mínimo Vital.

Blanco indicó que se reforzará la Red de Protección a las Familias de Castilla y León, que atiende anualmente a más de 231.000 familias ante la situación actual. Así, indicó que se van incrementar a las principales entidades del tercer sector la subvención que perciben para el desarrollo de estos programas en un diez por ciento y también adelantarán la tramitación para que el primero de enero ya la tengan abonada y a su disposición.

Entre los principales recursos, Isabel Blanco destacó las ayudas de emergencia social; la ampliación de la ayuda económica para que las familias puedan pagar, mientras dure la situación de necesidad, la cuota hipotecaria y otros gastos específicos relacionados con la vivienda habitual; el refuerzo de los equipos de inclusión social.

En global, se destinarán 145,6 millones de euros para las diferentes prestaciones económicas que se gestionan desde la Consejería de Familia, que incluye, además de la Renta Garantizada de Ciudadanía, las Pensiones No contributivas, las pensiones de ancianidad y enfermedad o las derivadas de la Ley de Integración Social del Minusválido.

EMIGRANTES

En cuanto a la integración de extranjeros inmigrantes, señaló que los presupuestos para 2023 dedican 12,6 millones a esta materia, más otros 2,8 millones procedentes de dos subvenciones directas concedidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para convocar subvenciones directas a refugiados ucranianos y a compensar gastos en que hayan incurrido las Administraciones de Castilla y León para atender a estas personas desde la invasión rusa de Ucrania.

Blanco denunció que estas dos subvenciones, publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en agosto, todavía no se han abonado a la Junta, lo que impide convocar las ayudas y, previsiblemente, dijo, deberán sumarse al presupuesto 2023 si no llegan en breve. Además, criticó que cinco meses después de la llegada masiva de ucranianos, el Gobierno no ha resuelto ni transferido la subvención directa prevista para las comunidades como compensación por la asistencia y ayuda a los solicitantes de asilo y refugio.

Además, destacó el proyecto 'Reto Zamora' dirigido a atraer familias procedentes de otros países a esta provincia, preferentemente zamoranos y sus descendientes asociados a las casas de Zamora en Cuba, México y Argentina, como mano de obra cualificada en los cuidados de larga duración y se conviertan así en nuevos residentes. El presupuesto de gasto de este pilotaje será de 500.000 euros.

DISCAPACIDAD

La consejera avanzó que durante el próximo año se aprobará un nuevo Plan de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad para el periodo 2023-2026, para lo que garantizó se buscará el conenso del CERMI Castilla y León. Además, avanzó que se va a firmar próximamente con el Ministerio Fiscal un Protocolo de actuación sobre las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Su objetivo, dijo, es establecer un marco de actuación de todos los profesionales intervinientes en la valoración, propuesta, determinación y ejecución de las medidas de apoyo a la capacidad jurídica que precisen las personas con discapacidad y de las que la Fundación Acción Social y Tutela será parte importante. Además, de acuerdo a la demanda de la Fiscalía, se va a reforzar la actividad pública frente a la desarrollada por entidades privadas.

En cuanto a las inversiones, se destinarán 5,71 millones de euros para obras en centros propios de la Gerencia de Servicios Sociales: se iniciará la construcción de la Unidad de Valoración y Atención a personas con discapacidad de León, con un presupuesto para el próximo ejercicio de 457.010 euros, y se ejecutarán obras de remodelación y mejora en el CAMP de Soria ?260.000 euros?, en El Cid de Burgos ?744.000 euros?, en el CAMP Fuentes Blancas de Burgos ?casi 2,7 millones de euros? y en el CAMP de Palencia ?250.000 euros?.

JÓVENES Y DROGODEPENDIENTES

Las políticas de prevención y atención en drogas y adicciones sin sustancia cuentan con 10,3 millones de euros. Al área de prevención y reducción de los riesgos y daños se destinarán 1,8 millones. A la de asistencia e integración social de drogodependientes se designan el próximo año 6,8 millones de euros y, respecto a las adicciones sin sustancia, contará con 389.520 euros en 2023.

Las políticas de juventud concentran cerca de 24 millones de euros, con un aumento de más del 20 por ciento, y se ejecutarán conforme al nuevo Plan Estratégico, orientado a cuatro líneas de trabajo: fomento del empleo juvenil, información, participación del tejido asociativo juvenil y ocio y tiempo libre.