El Ayuntamiento pedirá 7,7 millones de euros al Gobieno en concepto de reclamación de responsabilidad patrimonial por la inconstitucionalidad del impuesto de plusvalía. El Tribunal Constitucional anuló parte de este impuesto en 2017 y lo 'apuntilló en octubre de 2021. El Consistorio de Salamanca afirma que esas dos decisiones le causaron un severo perjuicio económico y pide responsabilidades al Gobierno.

Según el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, el Ayuntamiento perdió 3,46 millones de euros en concepto de devolución de cuantías de impuestos sobre la plusvalía cobrados indebidamente porque no había incremento de valor en la venta del inmueble; de anulación de las liquidaciones practicadas no ingresadas o recurridas en vía administrativa cuando se daba tal circunstancia; y a la declaración de no sujeción al impuesto en dichos supuestos. Además, desde octubre de 2021 y hasta la actualidad ha sumado otros 4,24 millones porque ha tenido que renunciar a liquidar los casos pendientes y ha tenido que reembolsar los casos que no eran firmes. El montante total suma 7,7 millones de euros.

Según el Ayuntamiento, el Estado es responsable por promulgar una ley posteriormente declarada inconstitucional y las corporaciones están legitimadas para pedirle cuentas. Es un caso "imputable al Estado", no ha prescrito, el daño a las arcas municipales es "efectivo y cuantificable" y el Gobierno "no movió ficha para remediarlo" en el lapso de tiempo entre 2017 (primera declaración de inconstitucionalidad) y 2021 (inconstitucionalidad definitiva de toda la norma). Fueron cuatro años de "inseguridad jurídica", esgrime el edil. "Ha habido un fallo del Estado legislador".

Salamanca se convertirá en la primera ciudad de España que exija fondos compensatorios al Gobierno por la anulación del impuesto de plusvalía. Fernando Rodríguez admite que es "difícil" que atiendan la petición administrativa, pero "estamos obligados a intentarlo". Lo normal es que el Ejecutivo rechace la solicitud porque de lo contrario abriría la puerta a una cascada de reivindicaciones de todos los Ayuntamientos del país. Si eso sucede, Salamanca recurrirá a los tribunales. El concejal da por sentado que "esto acabará ante la justicia".

En cuanto a los plazos, confía en que la respuesta del Gobierno llegue pronto, pero en caso de acudir a los jueces "puede llevar su tiempo".