El taxi y el precio de las 'carreras' para 2023: Subir un 5,5% las tarifas urbanas y 4,3% en carretera

Subir los precios según la evolución del IPC o tener en cuenta a los usuarios y los gastos que ya tiene, el mundo del taxi se debate y el sector ya tiene una propuesta 'salomónica'que recoge una actualización del 5,5 por ciento para las tarifas urbanas y del 4,3 por ciento para los servicios interurbanos, en carretera, que auguran van a ser prestados, en su mayoría, por los VTC, los vehículos de alquiler con conductor.

Ahora, la última palabra la tienen los ayuntamientos y la Junta, que deberán fijar cómo quedan las tablas con las que se cobran las 'carreras' en 2023.

"Echamos las pérdidas al 50 por ciento", explicó a la Agencia Ical el presidente de la Federación de Taxistas de Castilla y León, Alberto Romo, a su vez presidente de Radio Taxi Valladolid, quien explicó que ahora quieren formalizar su propuesta para que en la recta final del año se cierren los nuevos precios, que se aplicarán en 2023. Además, indicó que los decimales, en este caso, afectan a cómo se aplican esos incrementos a los pasos del taxímetro, que son de cinco céntimos de euro.

Con estas nuevas tarifas los taxistas castellanos y leoneses esperan revertir las pérdidas que arrastran desde que el año pasado los costes derivados del aumento del precio de los carburantes hayan puesto a algunos profesionales contra las cuerdas..

No obstante, el precio de los carburantes, su 'materia prima', no es el único problema al que se enfrentan los taxistas de Castilla y León. El presidente de la Federación de Castilla y León cree que las VTC que estaban operando en Madrid, pese a tener una autorización de la Comunidad, tendrán que regresar a su territorio, especialmente a Valladolid, Salamanca y León, lo que se elevará la competencia con ellos en el ámbito interurbano, en el que ambos servicios pueden convivir, ya que la ley -el decreto Ábalos- les impide trabajar en los núcleos urbanos.

"O vienen a Castilla y León o desaparecen", afirmó Alberto Romo, quien exigió que las VTC cumplan la norma que les impide prestar servicio en los centros urbanos, donde cree que el taxi se afianzará en la Comunidad, a diferencia de lo que ocurrirá en los servicios interurbanos, que cree van a quedar en manos de estas empresas, que hasta ahora trabajaban en Madrid, y que llevan siete años sin recibir nuevas autorizaciones por superar la ratio permitida por ley para que se otorguen nuevos permisos para operar.

RECUPERAR TERRENO

De esta forma, el sector del taxi vuelve a recuperar el terreno que llegó a ceder a los VTC hasta que en 2018 se aprobó el denominado decreto 'Abalos', en referencia al exministro socialista José Luis Ábalos, cuando se intervino en este marcado para tratar de poner orden en un sector que había disparado su crecimiento, con la solicitud de un elevado número de autorizaciones. Con el paso de los años han ido disminuyendo, hasta situarse en la actualidad -2 de octubre- en los 244, frente a las 2.260 licencias de taxi.

Fuentes de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital explicaron a Ical que las VTC han podido amortizar en estos últimos cuatro años sus inversiones en la Comunidad, dado que además el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha denegado la moratoria de dos años que han pedido algunos propietarios de de Castilla y León.

Además, la Consejería cree que no es necesario 'poner paz' entre ambos sectores de movilidad puesto que sus registros les indican que el VTC prestan de forma mayoritaria servicios fuera del ámbito urbano, centrándose en itinerarios interurbanos, escolares o rurales. Es decir, a partir de ahora el centro urbano de las ciudades será territorio vetado para los vehículos de alquiler con conductor, salvo para recoger viajeros en puertos y aeropuertos.

Igualmente, los VTC de Castilla y León podrán prestar servicios interurbano si sus recorridos tienen origen en la Comunidad, por tanto la competencia con el taxi en las ciudades, donde hasta ahora han tenido que convivir, se ha reducido de forma drástica. No obstante, la situación de las nueve provincias contrasta con la de Madrid, Cataluña o Andalucía, donde el VTC ha conseguido una mayor penetración.

Además, la Junta mantiene su vigilancia sobre el sector de las VTC para evitar el intrusismo y la competencia desleal con respecto al taxi, a través del Plan de Inspección de Transporte por Carretera de Castilla y León, que lleva a cabo la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, en colaboración con la Guardia Civil de Tráfico. Por ejemplo, en 2020, se controlaron 29 empresas, lo que afectó a 87 vehículos y 2.173 hojas de ruta, sin que se formulara ninguna denuncia.