El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este lunes el acuerdo aprobado el pasado jueves en la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta y en el que se contemplaban medidas de ahorro y eficiencia energética para toda la Administración autonómica, la gestión de los edificios públicos, la contratación y el desarrollo de acciones de sensibilización en el marco de la actual crisis energética y su compromiso de ahorro en el ámbito de sus competencias.

En concreto, se han aprobado medidas dirigidas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, para lo que se impulsarán las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en todos los edificios que sean susceptibles de ello; los edificios públicos se conectarán, cuando sea posible, a las redes de calor existentes en sus municipios, y las sustituciones de equipos térmicos y de climatización por obsolescencia se realizarán preferentemente por equipos renovables y de alta eficiencia energética.

Además, se procederá progresivamente al montaje de instalaciones renovables en aquellos edificios públicos que por sus dimensiones, uso y actual estado de sus instalaciones sea viable y se dará prioridad a la descarbonización de la flota de automóviles. Paralelamente, se impulsará la instalación de puntos de recarga en los edificios públicos.

Se dará prioridad a la rehabilitación de la envolvente térmica; mejoras en las instalaciones térmicas, de refrigeración y de climatización; mejoras en las instalaciones de iluminación interior y exterior; mejora en ascensores y escaleras mecánicas; recuperación de efluentes térmicos; y realización de auditorías energéticas, certificaciones energéticas de edificios e implantación progresiva de SGE-ISO-50001 en edificios de la Administración de Castilla y León.

Además, se incluye la mejora de la eficiencia energética de los centros de procesamiento de datos y del equipamiento asociado; mejoras en el rendimiento energético del equipamiento ofimático; y progresiva renovación y sustitución de los aparatos eléctricos que no tienen calificación energética o que la tengan baja por aparatos de alta calificación.

Edificios

Otras medidas pasan por la optimización en la ocupación de los edificios que harán las diferentes consejerías, que evitarán, cuando sea posible, el arrendamiento de inmuebles para uso de la Administración. En el caso de que fuese necesario recurrir al arrendamiento de edificios para uso público, se tendrá en cuenta la eficiencia energética del edificio.

En cuanto a los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, temperatura del aire, iluminación, agua caliente, equipamiento informático y resto de instalaciones con consumo de energía se tomarán como referencia los horarios de apertura y cierre de los edificios públicos y la normativa, se programarán los horarios de arranque y parada de las diferentes instalaciones consumidoras de energía, así como la temperatura del aire, de modo que se pueda minimizar el uso energético dentro de umbrales aceptables de confort y servicio.

En este sentido, la Junta ha señalado que deberá prestar atención en la organización de los servicios de limpieza, mantenimiento, vigilancia y otros similares, de modo que no induzcan a una elevación del consumo de energía.

También se contempla la optimización uso de papel, plásticos y consumibles, de manera que todos los servicios y unidades administrativas procederán a ajustar el consumo de papel, plástico y consumibles mediante el impulso de la tramitación electrónica y la automatización de trámites y procedimientos.

El Ejecutivo autonómico también prevé fomentar el uso de la bicicleta y de los dispositivos eléctricos de movilidad personal en sustitución del vehículo privado, para lo que los edificios dependientes de la Administración se dispondrá, siempre que ello sea posible, de aparcamientos seguros para bicicletas y para dispositivos eléctricos de movilidad personal como medio alternativo al vehículo particular para el desplazamiento a y desde el centro de trabajo.

El segundo grupo de medidas, las referidas a medidas en materia de contratación pública, se procederá a la contratación centralizada de energía eléctrica para garantizar el suministro eléctrico en los puntos de consumo de la Administración y otras entidades del sector público autonómico, en las mejores condiciones de precio y calidad de servicio, y se licitará un Acuerdo Marco de energía eléctrica con un solo adjudicatario.