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El PP en contra del nuevo mapa concesional de servicios de transporte público que prevé la retirada de 33 paradas en Salamanca
Según el nuevo mapa, dejarían de tener parada en Castilla y León 346 municipios, con una población acumulada de 213.436 habitantes
El Partido Popular de Salamanca exigió este viernes la "inmediata retirada" del nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros por carretera, articulado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que prevé la retirada de paradas en 33 municipios de la provincia salmantina.
Según el PP, el propio Ministerio, difundió el pasado 9 de junio entre las comunidades autónomas que se estaba trabajando en el "impulso del transporte viajeros regular por autobús con un nuevo mapa concesional" para "garantizar el mantenimiento de los servicios, ejecutando para ello un nuevo sistema concesional de autobuses, procediendo a la actualización de sistema existente, para lograr así una mejora en la atención a la sociedad en su conjunto".
Sin embargo, el Partido Popular, puso de relieve que el nuevo documento contempla una "importante reducción" del número de concesiones, de 79 a 22, así como del número de rutas, de 966 a 510, del número medio de paradas por ruta, de 12 a seis, del número de municipios con parada, de 1.912 a 495 a nivel estatal, y del número de ciudadanos a los que se presta servicio, de 28,5 millones a 25,2 millones.
"El criterio establecido por el Gobierno en este documento, es totalmente incompatible con el territorio de Castilla y León, porque la consideración únicamente de grandes flujos de viajeros entre capitales provinciales y poblaciones de cierto tamaño, choca de lleno con la realidad de esta comunidad", manifestó hoy en comparecencia pública la procuradora 'popular' por Salamanca Rosa Esteban, quien incidió en que el PP se opone "frontalmente" a este mapa.
La parlamentaria salmantina afirmó además que el planteamiento de este documento "está alejado de las medidas necesarias para la lucha contra la despoblación y el reto demográfico, ya que incide en asumir por el Gobierno las líneas con rentabilidad económica, olvidándose del criterio de rentabilidad social, y traslada a las comunidades autónomas las líneas con pérdidas y de difícil articulación a nivel autonómico".
Además, Esteban denunció que la comunidad de Castilla y León es "una de las más afectadas" por las reestructuraciones propuestas, ya que es la comunidad con menor densidad de población, con 25,34 habitantes por kilómetro cuadrado, de todo el territorio nacional y la de mayor superficie, con 94.224 kilómetros cuadrados, lo que supone una población "dispersa, rural y alejada de los grandes nodos de población".
Según el nuevo mapa, dejarían de tener parada en Castilla y León 346 municipios, con una población acumulada de 213.436 habitantes, cifras que si se trasladan a la provincia de Salamanca serían 33 municipios afectados y una población de 17.482.
Ofensiva a todos los niveles
Así, el Partido Popular rechaza "frontalmente" esta propuesta y anunció que lanzará "una ofensiva política a todos los niveles", local, provincial y autonómico, que contará también con el respaldo a nivel nacional "para que Sánchez no condene al ostracismo una vez más a Castilla y León". En este sentido, se presentarán mociones en ayuntamientos, en la Diputación de Salamanca y en las Cortes de Castilla y León, según avanzó en su turno de intervención el vicepresidente de la Salina, Carlos García Sierra.
"Desde el Partido Popular, como siempre hemos hecho, vamos a defender a nuestro mundo rural de los permanentes ataques de este Gobierno, y usaremos todas las herramientas a nuestro alcance para que Sánchez rectifique el atropello que quiere acometer con esta provincia y con Castilla y León, y retire inmediatamente el Mapa concesional planteado", aseveró el portavoz 'popular' en la Diputación.
Los populares además exigieron que el presidente del Gobierno abra un "periodo de consultas", a través de la convocatoria de una conferencia sectorial "específica y urgente" para comenzar a debatir sobre el nuevo mapa concesional, donde se expongan "las líneas claras de actuación que el Gobierno pretende desarrollar, donde dé voz a las comunidades autónomas y el mundo local buscando garantizar y mejorar el servicio de transporte por autobús en todo el territorio nacional".
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