El Consejo Consultivo de Castilla y León ha celebrado en la Universidad de Salamanca su décimo quinto aniversario como institución propia de la administración con una jornada en la que harán un balance de su actividad durante estos quince años al emitir informes y dictámenes previos como control de la legalidad para la lucha contra el fraude y la corrupción, además de explicar la doctrina jurídica que ellos se desprende.

En este sentido, el presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia, ha destado que en estos quince años de vida, la institución ha emitido "14.500 dictámenes y 566 resoluciones del Tribunal de Recursos Contractuales, que han alcanzado un montante de contratos vistos por el tribunal de 4.188 millones de euros". Todo ello supone para Amilivia "un balance muy positivo donde creemos que sin aspavientos hemos controlado la legalidad, hemos conseguido que impere la justicia administrativa y consideramos que hemos sido una institución eficiente al servicio de un nuevo derecho público".

En este sentido, de los 14.500 dictámenes emitidos por el Consejo, un total de 12.734 son de responsabilidad patrimonial de la administración cuando un particular se encuentra dañado por el funcionamiento de las administraciones, y de ellos la mayoría de caracter sanitario. "En esos dictámenes no sólo decimos a quién se debe indeminizar y con qué cantidad sino que contribuimos a fijar un estándar de calidad", ha asegurado Amilivia. En Salamanca se han emitido unos 2.000 dictámenes, de los que el 40% corresponden al Ayuntamiento de la capital.

"Ahora, el debate para la lucha contra las irregularidades, el abuso y la corrupción se centra en el derecho penal pero hay un derecho público en España garantista que lo que hace es buscar mecanismos correctores, y en esto el Consejo Consultivo, como control previo de la legalidad, y el Tribunal de Tecursos Contractuales como recurso de fiscalización previa de toda la contratación de la administración está coadyugando en este momento a que las administraciones sirvan mejor a sus intereses", ha destacado el presidente del Consejo durante la jornada, en la que, además, ha explicado el trabajo del Consejo. "Somos un órgano de control externo y previo de la legalidad, y en estos momentos desde que se admite a trámite una reclamación hasta que emitimos el dictámen pasa un tiempo medio de 23 días y sólo van a la vía contenciosa el 3,5% y casi en el 97% de las resoluciones las administraciones siguen el dictamen del consejo".

Durante el acto de inauguración de esta jornada han estado presentes la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, y el alcalde de la ciudad, Alfonso Fernández Mañueco. Además, han estado presentes presidentes de consejos consultivos de otras comunidades para intercambiar experiencias.

En este sentido, Silvia Clemente ha destacado la función de esta institución, que es "callada y silenciosa pero es muy importante porque realiza una política preventiva para la corrupción y el fraude porque garantiza el principio de legalidad". Asimismo, ha abogado por revisar su funcionamiento tras la entrada en vigor de la nueva ley de contratos.

Por su parte, el rector de la USAL, Ricardo Rivero, ha destacado los puntos en común de ambas instituciones, ya que son "espacios en los que las personas con capacidad reflexiva contribuyen a que las personas que nos gobiernan lo hagan con acierto y ambas contribuyen a fortalecer en la sociedad la capacidad de pensar despacio".

Finalmente, el alcalde salmantino, Alfonso Fernández Mañueco ha destacado a Salamanca como "ciudad abierta al mundo" y "pionera en el conocimiento gracias a su universidad" y ha resaltado la labor del Consejo Consultivo como "garantía para la comunidad del buen funcionamiento de las administraciones, ya que aporta seguridad, control y respeto a la democracia".