Castilla y León continúa en su escalada para ser la autonomía que más sufre la exclusión financiera en el medio rural. No en vano, la Comunidad acapara casi uno de cada cuatro cierres de oficinas bancarias de España en municipios de menos de 5.000 habitantes en los últimos cinco años. En concreto, acumula el cierre de 399 sucursales entre los años 2016 y 2019, al pasar de 950 a 551 oficinas. El conjunto del país suma 1.714 pérdidas de establecimientos en ese periodo en las pequeñas localidades, ya que en 2016 existían 5.605 y el año pasado cerró con 3.891. La quimera de encontrar una oficina bancaria en Salamanca.

Los datos del Banco de España recogidos por la Agencia Ical muestran una de las peores caras de la llamada España Vaciada, con el cierre progresivo de las entidades bancarias en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Una realidad que deriva de los procesos de concentración, la digitalización, el cambio del modelo de negocio y la falta de rentabilidad por la elevada despoblación en estas localidades más pequeñas. 

La exclusión financiera que ha generado el cierre de las cerca de 400 sucursales en la Comunidad es significativa en la provincia de León que, entre los años 2016 y 2021, ha perdido 85 oficinas en sus municipios de menos de 5.00 habitantes. Es decir, el 21 por ciento del total de cierres registrado en la Comunidad. Le sigue, por número, las 59 menos existentes en Zamora, las 58 oficinas en Salamanca y las 55 en la provincia burgalesa. Completan el listado, las 49 sucursales que se han cerrado en los últimos cinco años en la provincia de Valladolid, las 34 Palencia, las 22 en Ávila, las 20 en Segovia y las 17 en Soria. 

Por lo tanto, el Banco de España tenía contabilizadas en las localidades de menos de 5.000 habitantes en Castilla y León el año pasado 117 oficinas operativas en Burgos, seguido de las 97 de León, las 58 de Segovia y las 53 en Zamora. Les siguieron las 49 de las provincias de Salamanca y Valladolid, las 48 de Ávila, las 46 de Soria y las 34 radicadas en Palencia.

El cierre de oficinas no es algo circunstancial que se concentre en los pueblos pequeños sino que es generalizado en todos los núcleos de población, con independencia de su tamaño. En los municipios de más de 5.000 habitantes del conjunto del país, se ha pasado de las 23.103 existentes en 2016 a las 15.125 registradas en 2021. Es decir, casi 8.000 menos. 

De esta manera, a finales de 2020, el 82 por ciento de los municipios de Castilla y León carecía de oficina bancaria presencial mientras que el 38 por ciento de las sucursales se concentraba en las capitales de provincia, fruto del proceso de concentración llevado a cabo por las entidades. Ante este panorama, las diputaciones provinciales tratan de impulsar servicios financieros itinerantes o instalar cajeros automáticos en los pueblos. La Diputación de Salamanca fue la primera en situar cajeros automáticos en dos bibliobuses que recorren la provincia, para que los habitantes de los pueblos donde haga parada el vehículo puedan retirar dinero en efectivo con tarjetas de cualquier entidad bancaria. Otras instituciones provinciales han optado por montar cajeros en localidades donde no hay oficinas.