El PSOE de Salamanca ha pedido hoy, en una reunión de trabajo mantenida con representantes municipales, sindicales y profesionales, la retirada del Plan de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en la provincia de Salamanca por considerar que es una propuesta unilateral, que no cuenta con el consenso y la aprobación de ninguna parte implicada, “contra todos y contra todo”, además de no tener garantía jurídicas ni financiación adecuada y dividir el territorio entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

En este encuentro, en el que ha estado presente la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, el coordinador de área de Medio Ambiente del Grupo Socialista, José Luis Vázquez,  el portavoz socialista en la Diputación de Salamanca, Fernando Rubio, ha explicado que el Plan es la crónica de “un nuevo abandono a nuestro territorio”, de cómo la Junta de Castilla y León, amparada por la Diputación, “se quita el muerto de encima” y ambas administraciones eluden sus competencias para trasladar responsabilidades a los pequeños ayuntamientos. Están actuando con la máxima deslealtad, ha dicho Rubio, depositando responsabilidades a los alcaldes que puede ser gravísimo por ser “inasumibles”.

Con este Plan, ha continuado el portavoz socialista, se pueden dar situaciones que ha calificado como de “delirio”, como personas voluntarias, con escasísima formación, asumiendo el papel que tienen que asumir y han de ejercer profesionales perfectamente preparados, “auténticos bomberos”.

Lo que se está buscando desde la Junta y la Diputación de Salamanca, “de eso estamos seguros”, ha apuntado, “no es el amparo y la protección de nuestro territorio y de quienes lo habitamos”. 

La vicesecretaria general de los socialistas castellanos y leoneses, Virginia Barcones, en declaraciones a los medio posteriores a la reunión, ha hecho pública su inquietud por las informaciones que le han hecho llegar la plataforma de bomberos profesionales de Salamanca, mostrando su preocupación por la situación que en este sentido se vive en Salamanca, “que es especialmente complicada  y mucho más que en el resto de Castilla y León” como consecuencia, ha justificado, de un gobierno del PP que lleva más de 35 años con una gestión “absolutamente irresponsable”.

Y el ejemplo de este desgobierno, “que no ha sido capaz de ordenar el territorio, ni garantizar la prestación de servicios y la igualdad de derechos y oportunidades entre lo urbano y lo rural” ha continuado Barcones,  es  el servicio de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento “un servicio público y esencial” donde la Junta, con el Plan que ha aprobado, “fomenta la desigualdad de los ciudadanos dependiendo del lugar donde vivan”.

Este Plan de la Junta es un Plan “contra todo y contras todos” aprobado de forma unilateral porque no nace de alianzas, del consenso, ni del acuerdo con las partes, que viene tarde porque debería llevar ya catorce años en vigor, ha apuntado.

Además de esto, ha añadido la vicesecretaria general, es un Plan que nace sin financiación, demostrando una vez más el gobierno regional y el Partido Popular que de lo que sabe mucho es “de ordenar sillones” porque de ordenar el territorio, “no tienen ni idea”. Estamos hablando de una competencia compartida entre ayuntamientos de más de 1.000 habitantes, Diputaciones y la Junta de Castilla y León pero “la Junta se ha descolgado” y según la propuesta hecha por el ejecutivo regional “harían falta 85 años para ponerlo en marcha”. 

"Estamos hablando de que si hay un incendio en nuestra casa, vengan a apagarlo viva en la ciudad o viva en un pueblo, y si tenemos un accidente, que vengan a socorrernos”, ha remachado Barcones. "Los servicios públicos esenciales se deben prestar por gestión directa, y su competencia debe ser asumida por ayuntamientos en el caso de municipios de más de 20.000 habitantes, o por las Diputaciones, todo lo contrario de lo que se está haciendo en Salamanca, donde no hay una garantía jurídica y la Diputación se ha borrado”.

Este servicio tiene que ser atendido por profesionales y el personal voluntario tiene que ser complementario, “en ningún caso sustituir a los profesionales porque los servicios públicos se prestan con empleados públicos” explicó la líder socialista.