Valentín Ortiz es delegado de Acaip y funcionario de prisiones desde hace ya veinticinco años. La cárcel de Topas, ubicada a unos 30 kilómetros del centro de Salamanca, es su centro de trabajo. Un entorno particular en el que los horarios lo son todo y en que las agresiones en el último año se han multiplicado.

Trabajar un día entre rejas significa pasar el control de acceso y entrar a los diferentes módulos residenciales para abrir las celdas a las ocho de la mañana las celdas para que los reclusos bajen a desayunar. Tienen quince minutos para desalojarlas. Del comedor se pasa a las zonas comunes. En ellas, los presos menos peligrosos pueden asistir a talleres o programas de tratamiento para la drogadicción o el alcoholismo, adicciones muy comunes, y también tienen la posibilidad de salir a la escuela y el polideportivo a aquellos que estén autorizados. Dependiendo del módulo en el que se encuentren puede haber muchos internos apuntados a estas actividades o prácticamente ninguno.

"Hay quien se va a un taller, hay quien tiene sesión de tratamiento de adicciones o problemas... y así hasta la comida, luego a la celda de dos a cuatro y media, patio hasta las siete, más recuento, cena y a dormir", explica. Su labor es la de "mantener el ambiente pacífico, prevenir los conflictos, actuar cuando saltan y que haya el máximo de normalidad posible", detalla.

La comida se sirve a las 13.00 horas y y a las 14.00 horas los presos regresan a la celda para hacer el recuento. Si todo está en orden, descansan hasta las 16.30 horas, hora de salida al patio. A las 19.30 horas es la cena, limpieza de del departamento por parte de los internos y a las 20.00 horas se hace el recuento. La jornada diaria de los funcionarios se prolonga desde las ocho de la mañana hasta las 21.30 horas, cuando sus compañeros del turno de noche les dan el relevo. 

Se aferra al "protocolo" y las "normas" para ahuyentar los miedos, "que los hay", confiesa. Directamente no ha sufrido agresiones, aunque sí las ha visto en carne de otros colegas. "Es duro. A veces salta todo por el motivo más tonto". Es un equilibrio difícil entre autoridad y cercanía, a pesar que "cada día se producen dos agresiones en las cárceles de España". 

Al hablar de su trabajo, Valentín confiesa que toda la carga es psicológica. La presión y sobre todo "tensión" de vigilar a una población reclusa masificada (las prisión de Topas cuenta aproximadamente con 800 presos) es difícil de llevar, más aun cuando toda la plantilla que conforma este centro penitenciario es de 500 trabajadores(desde el director, médicos, educadores hasta el propio funcionario...), 47 de ellos en prácticas. "Actualmente, hay 140 plazas vacantes que no están cubiertas, la mayoría de ellas pertenecientes al área de vigilancia", lamenta. 

Pero la cosa no acaba aquí, y el problema se agrava todavía más cuando hablamos de que la media de edad es la más elevada de toda España, "más de 75% nos encontramos entre los 50 y los 60 años de edad y cada uno de los que se jubila, la vacante no se cubre". Y es que, en el caso del penal charro, la congelación de los concursos de nuevas plazas, las jubilaciones y los traslados ha provocado una sangría de bajas que se traduce en casi 60 empleados menos en los últimos años.

Una situación que, confiesa este funcionario, "puede dar lugar a situaciones de riesgo para nosotros y también para los propios internos". "Las peleas y las rivalidades forman parte del día a día de la cárcel. Es raro ir a trabajar y que no ocurra algo en alguno de los módulos", explica. Con más de dos décadas de experiencia a sus espaldas.

Este sindicato, junto a CC OO, UGT, y CSIF, lleva tiempo convocando movilizaciones en distintas prisiones para denunciar semejante situación y reclamar al ministro, entre otros políticos, que se siente a escuchar la problemática que padecen, "hemos mantenido reuniones con Jesús Málaga, Javier Galán, Antonio Laso y a todos les hemos trasladado la misma problemática, le pedimos que en el concurso de traslado doratarán de más plaza a Topas, pero no nos hicieron caso". 

Reclaman una justa reclasificación de categorías de los centros penitenciarios de las nueve actuales a solo tres. "Pedimos la equiparación de retribuciones dentro de nuestro propio sector. "No puede ser que un funcionario desarrollando las mismas funciones, tareas, responsabilidades en un centro como Álava cobre de media 500 euros más que por ejemplo en Topas, Valladolid, Segovia o Palencia". 

Valentín, ha concluido asegurando que "de no atenderse nuestras demandas por el ministro del Interior Grande-Marlaska, tenemos previsto una marcha de protesta para el mes de enero en Salamanca en Salamanca que ya anunciaremos".