La decisión de la comisión de patrimonio de dar vía libre a la retirada del medallón de Francisco Franco en la Plaza Mayor pone fin a una década completa de litigios sociales, políticos y judiciales para eliminar la efigie del dictador del ágora salmantina. Diez años en los que el PP y los dos alcaldes 'populares' de la ciudad se han negado reiteradamente a cumplir la ley de memoria histórica. Sólo una sentencia judicial que deja al Ayuntamiento y a su actual alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, como insumisos a la ley ha conseguido poner fin a esta irregular situación. Una derrota judicial es lo único que ha movido a un alcalde incapaz también de tomar una decisión política.

La pugna arrancó casi nada más aprobarse la denominada ley de Memoria Histórica, en octubre de 2007, que ha pasado todo este tiempo vulnerada por el PP de Salamanca. La norma aprobada bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero obligaba a retirar de la vía pública todos los símbolos que hicieran exaltación del régimen franquista; ya hace diez años se establecieron algunas excepciones, en virtud del valor artístico o religioso o en caso de ser elementos estructurales de monumentos. Por eso, el PCE de Salamanca presentó miles de firmas ese mismo 2007 para que se retirara, sin que el entonces alcalde, el exsenador Julián Lanzarote, hiciera nada para cumplir la ley.

MAÑUECO, COMO LANZAROTE

Lanzarote también se negó a asumir las reiteradas peticiones que, hasta por cuatro veces, se le hizo por parte del PSOE para que cumpliera la ley y retirara el medallón. Y cuando el PP lo relevó como candidato, la misma línea siguió su sucesor, Alfonso Fernández Mañueco, por más que el Ayuntamiento asegurara este miércoles que siempre había respetado las decisiones de las autoridades.

El actual alcalde despidió su primera legislatura rechazando una petición para retirar la efigie del dictador y su representación en el mural del salón de plenos. Entonces el PSOE le pidió que no hiciera pasar al Ayuntamiento la vergüenza de que un juzgado decidiera sobre la cuestión, cuando ya por entonces estaba en el juzgado la denuncia de IU que ha resultado definitiva. 

SIN SOLUCIÓN POLÍTICA

Hace sólo unos meses, el PP todavía se abstuvo en una moción que la oposición municipal, ahora en mayoría, aprobó para retirar el medallón. Antes había anulado a regañadientes los honores otorgados en su día al dictador. Y ha demorado todo lo posible el cumplimiento de la sentencia judicial que le obligaba a llevar la cuestión a patrimonio, empeñándose en esperar a que fuera firme. El remate, la urna colocada el último 20N, cuando ya estaba pendiente la decisión de las autoridades de patrimonio.

De hecho, hace dos meses el PP en el Ayuntamiento decía que no había prisa por abordar la cuestión del medallón a pesar de la sentencia firme. Su abstención en una moción que aprobaron PSOE, C's y Ganemos evidenció otra de las constantes de Fernández Mañueco en este tema: se ha negado siempre a darle una solución política, una postura 'comprensiva' con el incumplimiento reiterado de la ley y con el régimen dictatorial de Franco. Ni la denuncia judicial ni los intentos de la parte denunciante por buscar una salida política lograron sacarle de su inmovilismo.

SIN VALOR ARTÍSTICO

Sin embargo, la resolución emitida este miércoles por la comisión de patrimonio de la Junta ha demostrado que todo este tiempo el medallón de Franco ha sido ilegal porque se considera que carece de valor artístico. Y la resolución de patrimonio tumba no sólo diez años de negativas reiteradas a cumplir la ley, sino también los argumentos más recientes. La evidencia la ha conseguido el abogado Gorka Esparza, apoyado por la anterior ejecutiva de IU en Salamanca (y sin reconocimiento de la actual). Tras presentar en verano de 2014 una denuncia contra el alcalde por insumisión a la ley, en julio de 2015 logró llevar el asunto a la justicia. Y hace sólo tres meses, la justicia le dio la razón y obligó a Mañueco a someter la cuestión a las autoridades de patrimonio y cejar en su empeño por mantener el medallón a base de no tomar decisión alguna.

En el juzgado, el Ayuntamiento defendió que el medallón era elemento consustancial a la Plaza Mayor y que estaba protegido como tal. Por contra, patrimonio no ha considerado esa protección para una efigie posterior al resto de las de pabellón (se añadió en 1936) y de diferente autor: el resto se encargaron a Alejandro Carnicero, pero la del dictador la hizo el escultor e imaginero salmantino Damián Villar, seleccionado en su día para trabajar en el valle de los caídos.

Ahora patrimonio entiende que la efigie no presenta características que justifiquen su permanencia al margen de la ley, y alude a las sucesivas restauraciones de los últimos años tras las agresiones que habrían desvirtuado los posibles valores artísticos que tuviera.