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Castilla y León cambia las normas de las plazas de toros portátiles: permisos más ágiles, inspecciones cada dos años

Las plazas de toros portátiles acogen alrededor del 20 % de los espectáculos taurinos cada año en Castilla y León y ahora será más fácil obtener un permiso.

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Castilla y León cambia las normas de las plazas de toros portátiles: permisos más ágiles, inspecciones cada dos años
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El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el Decreto que regulará la instalación de plazas de toros portátiles, por el que se reducirán las cargas administrativas para ayuntamientos y empresarios, y se reforzará la seguridad de los espectáculos que puedan albergar. En este sentido, podrán obtener permiso con más facilidad ya que se pasa de régimen de autorización previa a la declaración responsable, pero serán inspeccionadas cada dos años.

 

Actualmente, son 33 las plazas de toros portátiles inscritas en Castilla y León. En el año 2019, cifras prepandemia, se celebraron en plazas de toros portátiles 365 espectáculos taurinos, de los que 71 correspondieron a espectáculos taurinos ‘mayores’ y 294, a espectáculos taurinos populares; todos ellos en el medio rural de la Comunidad.

 

Teniendo en cuenta que en ese mismo año se celebraron 2.280 espectáculos taurinos en Castilla y León (1.946 populares y 334 mayores), las plazas de toros portátiles acogen alrededor del 20% de los espectáculos taurinos que anualmente se organizan en Castilla y León, cifras que denotan la importancia que estas instalaciones tienen para la organización de espectáculos públicos, taurinos y no taurinos, en torno a los que se genera una importante actividad económica en el medio rural.

 

La norma que hasta ahora regulaba las plazas de toros portátiles era el Decreto 115/2002, de 24 de octubre, que se deroga para modernizar las relaciones entre la Administración que debe controlar la instalación de plazas portátiles y los ayuntamientos y empresarios interesados en el reconocimiento y puesta en funcionamiento de este tipo de infraestructuras, reduciendo las cargas administrativas para los consistorios y empresarios sin merma de las condiciones de seguridad de las que deben dotarse estas instalaciones para ser reconocidas.

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