El Supremo cita como imputado al fiscal general del Estado

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha acordado citar como investigados, en la causa que sigue por delito de revelación de secretos, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Todo en el marco de la investigación por la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El instructor ha tomado esta decisión al considerar que "hay una base indiciaria para presumir la relevante participación" del fiscal general "en esa filtración", relacionada con el caso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado argumenta que el fiscal general "fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos".

Además, el magistrado ha imputado al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, al entender que, de manera coordinada con los otros dos investigados e podría "haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados". A Villafañe le ha citado para el 5 de febrero.

En el auto, además, el juez menciona que el polémico correo objeto de la filtración circuló "con salida" de la Fiscalía "y destino Presidencia del Gobierno"; "y de ahí" al medio ElPlural.com.

"Papel relevante" del fiscal general en la filtración

El juez cree que "el solo trasiego del intercambio de mensajes" la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se publicaron informaciones que aludían al correo de González Amador, o la "intervención" del fiscal general en la nota de prensa difundida por la Fiscalía al día siguiente para tratar de aclarar la secuencia de acontecimientos, "es lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse".

Explica en su auto que ese 13 de marzo la fiscal provincial de Madrid envió a las 21:59 horas a García Ortiz el correo entre el abogado de González Amador y el fiscal que le investiga, y pone el foco en "los pasos que da antes" el fiscal general "para lograr hacerse con él, reveladores de momento de urgencia y gran tensión, que tienen lugar bajo su batuta".

Horas después, a las 23:51, se publica en la Cadena SER ese correo de 2 de febrero, dice el juez. "La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del fiscal general del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente, así como el concreto interés de contar con ese correo de 2 de febrero de 2024, que no había sido remitido a Fiscalía General entre la documentación enviada el día 8 a través del Teniente Fiscal Diego Villafañe", expone.

Admite el magistrado que dos periodistas testificaron haber conocido dicho correo antes de las 21:59 horas, pero sostiene que no aportaron "datos objetivos" y que su testimonio contrasta con otro que negó que así hubiera sido.

Por contra, dice, "los elementos objetivos que aportan las diligencias practicadas apuntan a que solo tras la recepción" por el fiscal general del correo "es cuando tiene lugar su difusión".

Destino Presidencia del Gobierno

El juez añade que este polémico correo circuló "con salida" de la Fiscalía General del Estado "y destino Presidencia del Gobierno", "y de ahí al medio de comunicación El Plural.com".

Una vez en Presidencia, dice el magistrado, "se puso a disposición" del ya exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato para que lo usase en la Asamblea de Madrid, "con una clara finalidad política".

Ante las dudas de Lobato sobre el origen del correo, "desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio ElPlural.com", que lo difunde con los datos personales tapados, siendo este el que muestra Lobato, "y que no lo estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia".

El magistrado sigue viendo suficientes indicios contra la fiscal provincial Pilar Rodríguez, quien se puso a disposición de García Ortiz y facilitó al fiscal de la Secretaría Técnica Diego Villafañe el expediente del novio de Ayuso, que se filtró el 12 de marzo en eldiario.es.

También se prestó -añade el juez- a hacer llegar el correo a la Fiscalía General, "conocedora de la finalidad que se perseguía".

En su auto, el juez sale en defensa de la UCO y de la "cualificación, profesionalidad y conocimientos" de sus agentes, sobre los que "no se deberían arrojar dudas, ni poner en tela de juicio, infundadamente", y recuerda que esta unidad "ha venido contando con el beneplácito" de la Fiscalía en otras causas en las que se ha apoyado en sus informes.