La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que ha salido a consulta pública el proyecto de real decreto que regula las bolsas de nicotina, los vapers con o sin nicotina, restringe los aromatizantes y establece la obligatoriedad del etiquetado genérico en cajetillas y tabaco de liar.

En una intervención en el acto 'Proyecto Zero-Jóvenes sin tabaco', organizado por la Asociación Española contra el Cáncer, la ministra ha considerado que los vapeadores y las nuevas formas de tabaco "no son un control de daños para la gente que quiere dejar de fumar" y sí la puerta de entrada para iniciarse en la adicción tabáquica.

Según informa EFE, ha recordado que 140 personas mueren al día por culpa del tabaco, y este es responsable del 30% de los tumores, por lo que "estas iniciativas que surgen de los jóvenes son fundamentales para llegar en 2030 a esa generación libre de humo".

Y sobre los espacios libres de humo, la ministra se ha imitado a decir que el Ministerio sigue trabajando y "está pendiente una ley para regular estos espacios".

El proyecto, que se somete a audiencia pública y actualiza la normativa sobre productos de tabaco y relacionados, introduce dos nuevas categorías de productos: las bolsas de nicotina (se limita su contenido a una dosis máxima de 0,99 mg por sobre) y los productos a base de hierbas calentadas, estableciendo requisitos de seguridad, etiquetado y comercialización.

Se limita también el uso de aromatizantes en los cigarrillos electrónicos, permitiendo solo los aromas de tabaco para evitar que los sabores artificiales resulten atractivos a los jóvenes.

Ademas, establece la obligatoriedad de la apariencia uniforme para cigarrillos y tabaco de liar, eliminando elementos de diseño y colores atractivos que puedan incentivar el consumo.

El proyecto establece requisitos de etiquetado como la inclusión de ingredientes, advertencias sanitarias ("Consumir este producto es nocivo para la salud") y un folleto informativo con información sobre el uso, almacenamiento, contraindicaciones y posibles efectos adversos.

El proyecto de real decreto abre dos plazos en su disposición transitoria única: los fabricantes tienen diez meses para adaptarse a las nuevas normas de etiquetado, envasado y fabricación, mientras que los comercios disponen de doce meses para vender los productos que aún tengan en stock bajo la normativa anterior, concluye EFE.