El problema sanitario que se avecina si caduca el convenio de Muface: hasta 25.000 salmantinos afectados

El 'duelo' entre Gobierno y funcionarios a cuenta de Muface entra en una nueva etapa. El concierto para renovar la asistencia médica a los empleados públicos termina el 1 de enero y la incertidumbre se cierne sobre éstos. Según el presidente regional del sindicato CSIF, Benjamín Castro, "ninguna empresa ha aceptado las condiciones que pone el Gobierno" y, si no hay acuerdo, entre 1,5 y 2 millones de personas entrarán de sopetón el 1 de enero de 2025 en un sistema público de salud que "soporta una tensión insoportable" y padece "una evidente falta de efectivos". 

En palabras de Castro, la prestación de Muface "es un derecho de los trabajadores, que pagan mes a mes", pero "a día de hoy, nadie es capaz de aclarar dónde tengo que ir el 1 de enero si tengo un problema. Hay que solventarlo inmediatamente. Y no es un tema de hoy para mañana. Es un problema asistencial muy gordo" para 1,5 millones de persona "que no tienen centro sanitario ni médico de cabecera". 

El presidente de CSIF Salamanca, Federico Martín, añade que en Salamanca hay unos 11.000 funcionarios adscritos a Muface. "Además de esos, hay que añadir a los jubilados de Muface", que pueden seguir vinculados a ésta, y otros beneficiarios como cónyuges o hijos. "Hablamos de en torno a 20.000-25.000 personas", calcula, y atender a cada una de ellas le costaría a Sacyl 1.500 euros al año, frente a los 800 de Muface. "El perjuicio económico es muy grande", advierte, y recaerá sobre las arcas de la Comunidad Autónoma. "No sé si esto está sobre la mesa, pero es un factor a tener en cuenta".

Martín opina que "si el Gobierno piensa que el mutualismo administrativo está agotado, lo que debe es plantearnos cómo se hace la integración. No puede ser a las bravas, porque perjudicará a todos los ciudadanos, no sólo a funcionarios. Estamos preocupados por el plantemiento general, no sólo por el nuestro". No se puede dejar el tema "de un día para otro".

Además del tema sanitario, los empleados públicos reclaman una actualización del 20% del poder adquisitivo "perdido desde 2010" y un refuerzo de plantilla "imperativo. El servicio público está diezmado y la tasa de reposición no ha dejado reponer todos los efectivos necesarios".