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La ley de amnistía pueda afectar a 86 causas penales que actualmente se están tramitando en diferentes juzgados del país y en las que están encausadas 486 personas, según los datos facilitados por la Fiscalía General del Estado y publicados por EFE.
Un día después de su entrada en vigor, el ministerio fiscal ha hecho públicos los datos recabados por las diferentes fiscalías territoriales sobre los procedimientos penales a los que podría ser de aplicación la ley de amnistía, que afecta a hechos relacionados con el 'procés' entre 2011 y 2023.
No obstante, precisa que la ley de amnistía no se puede aplicar a todos los procedimientos, ya que existen delitos que no se incluyen en el texto legal, como por ejemplo el de odio, que puede existir junto con otros en algunas de las causas penales. El ministerio fiscal, prosigue EFE, se centra en los procedimientos que siguen tramitándose en juzgados y tribunales del país, es decir, no entrarían las causas archivadas o con condenas ya cumplidas, pese a que en este último caso también podría tener efecto en la cancelación de antecedentes penales.
Al margen de los penales, hay otros procedimientos administrativos o contables -como el de los gastos del 'procés' del Tribunal de Cuentas- que la ley de amnistía busca beneficiar.
Entre ellos se encuentra la causa principal del 'procés' que se ha investigado en el Tribunal Supremo por sedición (un delito ya desaparecido), malversación y desobediencia, y que se divide en dos ramas: los líderes independentistas ya condenados, con Oriol Junqueras a la cabeza; y los huidos, entre ellos Carles Puigdemont.
El expresidente de la Generalitat también está implicado en otro procedimiento investigado en el Supremo, el de los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic de octubre de 2019 en Barcelona, un caso que también se instruye en la Audiencia Nacional respecto a aquellos que no están aforados, como la dirigente de ERC Marta Rovira.
A esa investigación por terrorismo se une otra, también seguida en la Audiencia, que la Fiscalía incluye entre las causas que podrían verse afectadas por la amnistía: la que mantiene a la espera de juicio a doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por planear acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en respuesta a la sentencia del "procés".
Esos son los procedimientos penales que se tramitan fuera de Cataluña, donde su Tribunal Superior de Justicia mantiene dos causas por desobediencia, prevaricación y malversación, como la de los preparativos del referéndum del 1-O, en la que están acusados los cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga.
Del total de causas contabilizadas por la Fiscalía, la mayoría (39) se encuentran en la provincia de Barcelona, tanto en su Audiencia Provincial (5), como en juzgados de instrucción y de lo penal de la ciudad condal o de diferentes municipios.
Entre las 18 causas que acumulan juzgados de la ciudad de Barcelona figura el que ha investigado los preparativos para el referéndum, que mantiene procesados a una treintena de cargos del Govern que presidió Puigdemont y empresarios; el caso Volhov, donde un juez ha investigado una supuesta injerencia rusa en el 'procés'; o el procedimiento abierto contra medio centenar de policías por las cargas del 1-O.
Los procedimientos recabados por la Fiscalía incluyen delitos económicos como malversación, blanqueo, fraude o cohecho, pero también coacciones, falsedad, desórdenes públicos, daños, lesiones, contra la integridad moral, torturas o tratos degradantes, entre otros.
FUENTE: EFE
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