El Colegio Oficial de Médicos de Salamanca se opone a dos protocolos aprobados por Sacyl para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de personal de enfermería, uno en el caso de heridas y quemaduras y otro en ostomías.

Desde el Colegio comentan que "enfermería no puede recetar ni prescribir medicamentos sujetos a prescripción médica al tratarse de una competencia que no tienen legalmente atribuida", según explica su presidente, Santiago Santa Cruz. Temen, de hecho, que la decisión de Sacyl sea un paso para sustituir médicos con otros profesionales. "Un médico solo se sustituye con un médico, no con una enfermera", subraya.

Al hilo, añaden que el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) ya mantiene esta postura. La ley actual de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios establece que los únicos profesionales con facultad para prescribir son los médicos, los odontólogos y los podólogos.

El Colegio de Médicos de Salamanca cree "fundamental" que la atención al paciente se base en la colaboración de equipos compuestos por diversos profesionales de la salud, pero cada uno de ellos "aplicando sus competencias en áreas específicas, adquiridas a través de su formación y capacitación". Según su presidente "el liderazgo clínico ejercido por el médico en equipos multidisciplinares no es ninguna ventaja corporativista sino una carga de responsabilidad derivada de un mínimo de 11 años de preparación destinados a adquirir competencias y conocimientos que garanticen a la ciudadanía seguridad clínica".

Así, según la institución salmantina, las resoluciones y protocolos aprobados en el ámbito de Sacyl suponen "una invasión de las competencias" que la ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias otorga a los médicos. La presencia del médico, señala Santa Cruz, "es necesaria en todo el desarrollo de la enfermedad del paciente, incluido el inicio, la prórroga, la modificación o la interrupción temporal de cualquier tratamiento". La decisión de la Junta sería, según los facultativos salmantinos, nula de pleno derecho.