Los vecinos de Ciudad Rodrigo y su comarca, que no cuentan desde este lunes con el servicio prestado desde hace 123 años por la Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios de la localidad, han defendido, mediante pancartas ubicadas en el parque comarcal mirobrigense, a los efectivos que ya hoy no pueden ejercer función alguna en cuanto a prevención, extinción de incendios y salvamento por orden judicial.

Este lunes entra en vigor la medida cautelar adoptada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca tras la denuncia interpuesta por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, que suspende el contrato de emergencia suscrito entre la asociación de voluntarios y la Diputación de Salamanca para la prestación del servicio, tal y como ha ocurrido durante los últimos 123 años en la comarca mirobrigense.

Las pancartas ubicadas por vecinos en el parque comarcal no dejan lugar a dudas sobre el sentir de sus autores y parte de la ciudadanía '123 años os avalan', 'No hay mejores profesionales para esta comarca', 'El pueblo os apoya' y 'No al cese de Bomberos' son los mensajes que rezan desde su colocación ayer y que, hoy lunes, permanecen sin haber sido aún retiradas.

El presidente de la Asociación Humanitaria de Bomberos, Jesús Muñoz, dará este martes una rueda de prensa en la que explicará los pormenores sobre la situación generadas en cuanto a los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en la comarca mirobrigense y, por el momento, descarta realizar consideraciones al respecto.

La Diputación de Salamanca, por su parte, ha confirmado a Ical que el parque de bomberos de Ciudad Rodrigo "seguirá prestando servicio ininterrumpidamente", pues hay bomberos funcionarios "desde el mes de octubre". Además, fuentes de la institución provincial aseguraron que están en marcha las gestiones necesarias para que la empresa del Parque Principal, ubicado en Villares de la Reina, destine colaboradores al parque de Ciudad Rodrigo "que permitan, en la medida de lo posible, sustituir el servicio auxiliar que prestaba la asociación".

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, dudó que el "interés público" pudiera sustentar la decisión cautelar de suspensión del contrato de emergencia, "pues de otra forma habría un peligro de difícil o imposible reparación a dicho interés público". "Más allá de las cuestiones laborales y humanas de los miembros de la asociación, que desde luego me preocupan y por las que muestro mi solidaridad, lo que me alarma como alcalde de la cabecera de comarca es la consecuencia inmediata, real y cierta de esa suspensión cautelar, que no es otra que la prestación del servicio de prevención y de extinción de incendios por un número insuficiente de funcionarios interinos y por un alejamiento de los medios técnicos y humanos para luchar contra cualquier problema o catástrofe", explicó

Además, el regidor criticó que, desde su punto de vista, parece que Ciudad Rodrigo se ha convertido en el "foco del debate" cuando, según matizó, "a lo largo y ancho de la geografía nacional hay modelos muy equivalentes donde no todos los que intervienen son funcionarios". "Es patente que el interés público que se ha pretendido proteger es el que, a mi juicio, ha quedado en entredicho, de ahí que la Diputación no pueda hacer otra cosa que apelar al Tribunal Superior de Justicia", como así hará la institución provincial.

Finalmente, Iglesias reiteró su preocupación por esta situación "sobrevenida e inédita", a la vez que "compleja de entender". "Colaboraremos con la Diputación en tratar de arrojar luz, a la vez que confiamos que en apelación se razone que es difícil de entender que 123 años de un modelo, funcionando a la perfección, no han podido ser 123 años de menor protección al interés público que otros modelos, cuando la hoja de servicios de la Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios está cargada de cientos de vidas salvadas y de cientos de bienes librados de su destrucción o pérdida", concluyó.