Los españoles lo aguantamos todo. La inagotable sucesión de subidas impositivas del Estado, las inasumibles cifras del paro juvenil, los salarios basura, la quimera del acceso a la vivienda para tantas familias, la desigualdad territorial, la polarización política sin fin, etc, etc, etc. Lo último es soportar un Gobierno que no gobierna, al que le echan abajo en las Cortes generales una y otra vez asuntos de sumo interés social sin que haya consecuencias. La aritmética parlamentaria resulta tan agotadora que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez es incapaz hasta de aprobar el presupuesto anual. Otro año más.

Ante sus penurias en el Congreso de los Diputados, el actual Gobierno del Reino de España, chantajeado una y otra vez por los grupos independentistas en los que se apoya, aguanta incluso la falta de respeto, cede lo que no debe, privilegia a unos territorios frente a otros, hasta ha enterrado sus centenarios principios socialistas. Todo por mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Y la gente corriente tragando con todo.

Como es necesario contentar constantemente a los insaciables socios de legislatura, Sánchez y sus huestes llevan años haciendo extraños equilibrios con los decretos ley, una especie de trilerismo parlamentario que propone al unísono que se aprueben cuestiones que nada tienen que ver entre sí. Como no puede plantear la votación una a una porque perdería la mayoría, las introduce todas juntas como un revoltijo. Una especie de trampa a modo de piratería, un abuso que chantajea a unos partidos para ganarse a otros.

El último decreto denominado ley omnibus mezcla el impuesto a las grandes empresas energéticas, con la reforma de las pensionistas, con las ayudas por la Dana o con el llamativo regalo del palacete donde se ubica la sede del Instituto Cervantes en París al PNV (a saber por qué algo que es de todos los españoles pasa a manos de un partido político que apoya con sus escaños al Gobierno).

Este decreto no será aprobado porque no cuenta con los votos necesarios para salir adelante. Y por supuesto la culpa es del PP, que en esta ocasión no va a sacar las castañas del fuego al presidente, tal y como ha sucedido con otros temas de enjundia cuando el Gobierno no ha contado con el apoyo de todos los partidos políticos que sustentan este modelo político Frankenstein que nos acompaña desde hace años.

Por sólo citar un ejemplo, resulta sonrojante contemplar como el Ejecutivo prometió a Podemos o ERC (izquierda política) aprobar el impuesto a las energéticas para sacar adelante pasadas votaciones, mientras pactaba con PNV o Junts (derecha política) que dicho gravamen no saldría adelante. ¿Cómo es posible? Todo es una pose de imagen, se critican públicamente, se ponen a caldo ante los medios de comunicación pero de cara a la galería, en realidad están encantados con el sistema que mantiene sus privilegios. Y además, los nacionalistas e independentistas van exprimiendo el Estado a cada votación en la que se les necesita. Mientras, los demás miramos.

El desgobierno que prevalece en la actual legislatura debería ser motivo de dimisión de los cabezas visibles de esta chapuza política, pero obviamente no se irán porque se está de cine en las altas esferas de la vida pública. La desvergüenza es tan evidente como que a los ciudadanos nos importa un carajo que se nos tome el pelo con tanto descaro. Nos merecemos lo que tenemos. Y vamos camino de superarnos. No somos nadie. Y, a finales de enero, seguimos sin presupuestos generales del Estado. A quién le importa...