La semana pasada inicié la apertura de un melón que está bastante abierto pero con poco conocimiento. El mal funcionamiento del transporte sanitario en todo el territorio por múltiples causas. Como ya dije, la principal culpabilidad reside en el ciudadano de a pie. Pero como casi siempre, las cosas no tienen un único factor desencadenante y, por supuesto, esto no va a ser una excepción.

Es cierto que la población en España es cada vez más demandante. La mayoría de la población utiliza los servicios públicos por encima de lo responsablemente normal o los usa mal con conciencia. Mientras, por otro lado, hay miles de quejas de que el servicio es costoso, funciona mal y, como ya empieza a ser habitual, se relaciona con el pago de tributos. De otra parte, tenemos quien, en visión egoísta, considera que mientras le "dispensen" el servicio, todo vale, independientemente de la calidad del mismo.

Para entrar en materia, podemos distinguir cuatro tipos de servicios de transporte sanitario según la gestión del mismo: los públicos de gestión pública, los públicos de gestión privada, los públicos de gestión mixta (son los más habituales aunque la población desconozca la situación) y los privados.

Los primeros son los menos comunes y, por desgracia, suelen suponer un componente más de la publicidad del político de turno. Todo el personal y el material está contratado y gestionado por la administración. Los segundos son bastante frecuentes y se utilizan como complemento al servicio, cuando el recurso no está disponible todo el tiempo o cuando se precisa como apoyo. Así la administración se desentiende parcialmente de algo poco visible o poco publicitario.

El tercer caso, la gestión mixta, implica que parte del servicio depende de la administración de forma directa mientras que, otra parte que trabaja de forma paralela, está subcontratada. En algunas comunidades la parte pública supera a la privada, en el caso de Castilla y León, lo subcontratado gana por goleada. Y por último, tenemos los servicios meramente privados. Empresas que disponen de recursos a disposición de la sanidad privada, mutuas y aseguradoras.

Cuando se comprende esta base, entonces podemos observar cuál es el interés y el conflicto. No es nuevo que los concursos de adjudicación de un servicio públicos se hacen al mejor postor, independientemente de que se ajuste a la realidad. De hecho, se sabe que la mayoría de adjudicaciones acaban en sobrecostes por este motivo, especialmente en el sector de la construcción.

El hecho de que los gastos previstos no vayan acordes a la cuantía que se paga por el servicio repercute en el trabajador y en la seguridad general. La excusa es "que hubieran pujado con un coste real", una frase muy falaz. Por ejemplo, Cruz Roja gestionó la teleasistencia de CyL. Perdió el concurso posterior a pesar de pujar a "pérdidas" al disponer ya de parte de los costes por haberlo llevado loas años anteriores. La empresa actual ha recortado el servicio directamente, a pesar de las condiciones de licitación.

Es decir, no debería ser válido culpar la puja cuando luego se permite que la empresa no cumpla con el pliego. Y cuando se entrega ese contrato a pérdidas se asume que habrá alguna triquiñuela o, peor aún, ampliaciones fuera de concurso para compensar los gastos. Porque en esos casos se destapan que el político o su familiar pertenece a la empresa concesionaria.

Continuaré explicando el tema en la próxima semana.