No pretendo hacer un repaso de la situación de cada uno de los veintisiete países de la Unión. Basta con echar un vistazo muy general a las instituciones de la UE y a la realidad española para percatarse de que falta mucho camino por recorrer, si queremos llegar a un grado medio de democracia. O ¿es que estamos contentos con el aumento de la pobreza e España?  ¿Estamos conformes con los sueldos de hambre que sufren muchos jóvenes en España, o con la vivienda que no pueden adquirir ni alquilar los jóvenes o con que las mujeres que no puedan compaginar la maternidad y el trabajo?  No quiero prolongar más la retahíla. Todos estos son derechos constitucionales, es decir reconocidos en la Constitución

"La salud de las democracias, cualquiera que sea su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral". Son palabras de Ortega y Gasset, un gran español, como tantos otros famosos, que lo son fuera de España pero que aquí siguen silenciados, porque su recuerdo es una bofetada para los políticos actuales. Si nuestro procedimiento electoral nos permitiera al menos elegir entre los candidatos que van en las listas electorales, probablemente ninguno de los políticos actuales habría resultado elegido. Y esto sirve tanto para los políticos nacionales, como para los autonómicos y eurodiputados.  ¿Cómo pueden los políticos tener el descaro de decir que ellos representan la soberanía y la voluntad popular cuando en realidad son meros mandados de su respectivo partido?

Perded toda esperanza de mejora democrática, mientras no cambie nuestro sistema electoral y el sistema electoral europeo. El cambio de este último lo llevamos esperando casi setenta años.

En la UE se están violando no sólo los derechos humanos que he indicado, de cuya defensa pretende estar orgullosa la UE, sino también el derecho natural.

Hoy precisamente, fecha en que se empieza a proyectar en España el documental 'Hispanoamérica', conviene que recordemos a otro gran español, Francisco de Vitoria, persona a quien nuestro ministro de la incultura desearía silenciar – digo "de incultura" por sus manifestaciones sobre la conquista de América opuestas precisamente a lo que defiende este documental.  Y conviene recordar a Francisco de Vitoria, porque fue el primero que empezó a hablar no solo del derecho de los indios, que indirectamente favorecería también a los negros, sino del derecho natural y del derecho de gentes, derechos que después calificaríamos de derechos humanos y de Derecho internacional. Si España ha sido el único país colonizador que tuvo  unas leyes a favor de los colonizados,  si unos misioneros españoles levantaron la voz contra algunas injusticias de los  colonizadores ,   si  en España se aprobaron en Barcelona ( sí en Barcelona) el año  1542 las Nuevas Leyes de Indias, es decir si unos 300 años antes de que en Europa se aprobaran  las primeras leyes laborales, las Leyes de Indias regulaban ya el trabajo  de los indios en las encomiendas, fue en gran parte gracias a Francisco de Vitoria y a Bartolomé de las Casas.

Pero Vitoria fue también el primero que habló, aunque fuera de forma indirecta, de otro principio que podría revolucionar a nuestras democracias y que no gustará lo más mínimo a ninguno de nuestros políticos actuales, del principio de "pacta sunt servanda" ("lo pactado obliga"). Al defender Vitoria que el príncipe debe atenerse a lo que ha prometido a los súbditos, está reconociendo la validez del pacto entre el gobernante y el gobernado y está aplicando al ámbito político un principio universal reconocido en todo el mundo y que no solamente se da en el ámbito internacional. En palabras actuales, está diciendo que el gobernante no puede hacer algo que no lleva en el programa electoral.  Este principio de que "lo pactado obliga" se está aplicando millones de veces al día en todo el mundo. Cada vez que vamos al supermercado y compramos un producto, estamos obligados a pagarlo porque al poner el artículo en la cesta de la compra estamos aceptando y pactando el precio que el producto tiene marcado.

Pues bien, este pacto está reconocido en todos los derechos civiles del mundo y tiene aplicación en todos los ámbitos menos en el campo de la política. Los partidos políticos prometen una cosa y después se atreven a hacer lo contrario, sin que esto tenga la más mínima consecuencia penal.  El programa electoral es un conjunto de compromisos escritos. Los ciudadanos a cambio se comprometen a votar a un partido y lo hacen ante testigos. Se trata, por tanto, de un contrato firme y serio.  El incumplimiento de este contrato sin motivos que lo justifiquen debería tener unas consecuencias penales serias, como la ruptura de cualquier contrato, pero lamentablemente no las tiene.

Para Francisco Vitoria, el incumplimiento de este contrato entre el gobernante y los gobernados sería motivo de nulidad y una violación del derecho natural, Cuán lejos estamos aún de lo que defendía Vitoria y las leyes que aplican nuestros políticos. Qué valentía la de un monje del siglo XVI y que cobardía la de nuestros políticos y nuestros monjes actuales.